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Los procesos de fiscalización de empresas que emprende el Ejecutivo, que en algunos casos se transformó en ocupaciones por tiempo indefinido, reavivan los temores de nuevas expropiaciones, reseña La Verdad.
Desde hace dos semanas el presidente Nicolás Maduro ordena la supervisión de todo tipo de comercios, a los que acusa de “usureros” y les obliga a bajar los precios de sus productos.
A través del control sobre las compañías, el jefe de Estado trata de frenar la inflación que acumula un crecimiento de 45,8 por ciento en lo que va de año, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
La actuación del Gobierno no se queda en las supervisiones, pues algunas empresas permanecen intervenidas por diferentes instituciones públicas, que son las encargadas de decidir los montos de venta de los bienes.
Un ejemplo de ocupación es la comercializadora de electrodomésticos Daka. En la Gaceta Oficial 40.301, que circuló ayer, aparece la orden de ocupación de la cadena de tiendas por parte de Indepabis y la Dirección de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada. La medida es por tiempo indefinido.
En el marco de las fiscalizaciones la Cámara de Comercio de Maracaibo emitió esta semana un comunicado en el que exige respeto a la propiedad privada, rechaza las prácticas especulativas y advierte que las expropiaciones hacen menos probable el aumento de la producción de bienes y servicios.