Desde hace ya quince años, nuestro país no asiste a unas elecciones que puedan ser catalogadas de normales. Procesos transparentes en los cuales la mayoría pueda creer en el ente facilitador de los comicios, que no estén caracterizados por un uso abusivo de los recursos del estado y sus empresas a favor de los candidatos oficialistas, en los que los entes del poder moral sean verdaderos garantes de los derechos ciudadanos y en los que no tengamos que sufrir los ataques de turbas que disparan, golpean y amenazan a quienes se oponen al gobierno.
En cambio hemos asistido a una especie de criminalidad política que ha llegado como el 26/11, al asesinato de un candidato a concejal del Municipio Baralt del Estado Zulia. Un caso en el que no se espera sea debidamente investigado por las autoridades y que llegue al establecimiento de las responsabilidades tanto de los autores materiales como de los intelectuales.
Pero ese mismo día vimos con sorpresa un magnicidio frustrado en la figura más preponderante de la oposición venezolana como es Henrique Capriles Randonsky, a la sazón, gobernador del Estado Miranda. Es propicio en este momento citar: “Se considera magnicidio al asesinato u homicidio de una persona importante, usualmente una figura política.”
Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, los magnicidios no se cometen solo contra los jefes de estado o personas con cargos relevantes. Se refiere también como la cita indica a personajes que cuya relevancia política o religiosa revista importancia para la sociedad. Es así como los asesinatos de Martin Luther King y Luis Carlos Galán fueron considerados magnicidios.
Llama la atención que un gobierno que a lo largo de todo este tiempo ha denunciado muchos planes de magnicidio, no se tome en serio lo que ocurrió con Capriles. Una acción desafortunada contra ese actor político causaría, sin duda alguna, un descalabro en la percepción que otros países puedan tener del gobierno venezolano. Ni hablar de lo que pudiera pasar dentro de un país que atraviesa por un conflicto social y político cuyas dimensiones no han sido lo suficientemente ponderadas.
Las agresiones contra las personas que asistieron a dar la bienvenida al Diputado Cocciola suceden como si fuesen parte del paisaje electoral. Las hordas primitivas actúan con la libertad que les concede el saber que no tendrán que responder ante la justicia. Ya sea porque los cuerpos policiales son incapaces de capturarlos y presentarlos ante los tribunales o peor aún, porque no hay interés alguno de investigar, ya que responden a órdenes que vienen desde arriba.
Lo cierto es que la clase gobernante que llega al poder en 1998 vino cargada de una impresionante cantidad de prácticas primitivas que nos han hecho retroceder décadas en cuanto a las formas de hacer política. Son esas formas las que vemos ahora. Son esas formas las que nos proyectan como una sociedad atrasada con un liderazgo en el poder inepto para entablar diálogos como mecanismos para sacarnos del hueco donde ellos mismos nos metieron.
Esta clase política, cínica e inescrupulosa, necesita un escarmiento. La buena noticia es que buena parte de la población está en disposición de usar su voto para dárselo.