La destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recogió hoy en su segundo día numerosos rechazos mientras crece la movilización popular en medio de la incertidumbre administrativa de la ciudad y los opositores al mandatario mueven fichas para la batalla electoral. EFE
Petro, que sigue gobernando la capital colombiana desde su despacho, convocó a la ciudadanía a manifestarse en la Plaza de Bolívar para rechazar el fallo del lunes del procurador general, Alejandro Ordóñez, una convocatoria secundada por miles de ciudadanos que llenaron el centro de la ciudad por segundo día consecutivo.
“La orden que el alcalde le ha dado a sus funcionarios es que aquí gobernamos hasta último momento”, dijo hoy Petro, quien decidió la expedición de diversos decretos de última hora como el que establece un subsidio de transporte a la población de más bajos recursos o el que ubica las primeras estaciones del metro.
Pero el rechazo de la ciudadanía, o de parte de ella, no fue el único: la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana emitió un comunicado en el que acusó al procurador de haber asestado “otro grave golpe contra el proceso de paz” que se celebra desde hace un año en Cuba.
“Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, denunció la delegación sobre la destitución de Petro, un exguerrillero del M-19.
Por otro lado, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, pidió una cita con el procurador para hablar de la jurisprudencia existente a nivel internacional sobre funcionarios elegidos democráticamente.
“Cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada”, dijo Howland, quien agregó que deben ser respetados los derechos del alcalde, así como de los ciudadanos que votaron por él.
El Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, una ONG defensora de los Derechos Humanos, pidió la renuncia del procurador por actuar en contra de “los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a elegir libremente a gobernantes y legisladores”.
De hecho, diversas voces se alzaron desde sectores sociales y políticos para respaldar la propuesta hecha el lunes por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, para revisar las competencia de la Procuraduría para la destitución de cargos públicos elegidos por voto popular.
Mientras el proceso contra Petro avanza, diversos líderes políticos ya movieron fichas para aspirar a la Alcaldía en unas elecciones que se podrían celebrar en febrero o marzo para elegir su reemplazo.
Uno de ellos fue Antanas Mockus, quien ya fue alcalde de Bogotá en dos periodos (1995-1997 y 2001-2003) y manifestó su voluntad de “retomar el camino” que marcó junto con otros burgomaestres como Jaime Castro (1992-1994) y Enrique Peñalosa (1998-2000).
Antonio Navarro, aliado de Petro y quien fue secretario de Gobierno de Bogotá durante los primeros meses de la gestión del alcalde, no descartó su aspiración si se confirma el fallo en última instancia.
Por otro lado, el exvicepresidente Francisco Santos (2002-2010), quien suena como aspirante del uribismo a jefatura de Gobierno de la capital colombiana, dijo que “no es el momento ni la forma” de lanzar “candidaturas prematuras” a la Alcaldía y pidió “serenidad” en “un momento institucional y no electoral”.
Pese a las protestas, la cuenta atrás para Petro ya comenzó, y el alcalde espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual ha solicitado medidas cautelares, le dé una mano con la suspensión del fallo de la Procuraduría. EFE