Todo comenzó a mediados de noviembre del año pasado, cuando el sucesor de Hugo Chávez le ordenó al Ejército y a las Milicias Populares ir tras los dueños de negocios que se negaran a abrir sus locales y vender sus productos a “precios justos”.
El Gobierno le ordenó a los empresarios que vendieran con rebajas de hasta el 50%, porque si no lo hacían enfrentaban el riesgo de confiscación, cierre y hasta prisión. Además creó tribunales especiales contra la usura.
La inédita iniciativa provocó que más de 100 propietarios de locales fueran encarcelados por “burgueses”. En aquel momento, las autoridades aseguraron que “compañías inescrupulosas” habían estado elevando los precios de artículos electrónicos y otros bienes en más del 1.000 por ciento.
El Palacio de Miraflores también ordenó la fiscalización a la compañía Goodyear para verificar los precios, tras afirmar que era insuficiente la reducción de un 15% que acordó la firma.
Días más tarde, el oficialismo venezolano logró aprobar en la Asamblea Nacional la denominada “Ley Habilitante”, que permite a Maduro gobernar por decreto durante todo este año. “Es una ley de costos, ganancias, precios y otros eventos económicos con la que vamos a regular las ganancias”, afirmó el presidente en ese entonces. Este jueves comenzó a regir la ley que fija un tope del 30% en las ganancias de todas las actividades económicas.
Todo comenzó a mediados de noviembre del año pasado, cuando el sucesor de Hugo Chávez le ordenó al Ejército y a las Milicias Populares ir tras los dueños de negocios que se negaran a abrir sus locales y vender sus productos a “precios justos”.
El Gobierno le ordenó a los empresarios que vendieran con rebajas de hasta el 50%, porque si no lo hacían enfrentaban el riesgo de confiscación, cierre y hasta prisión. Además creó tribunales especiales contra la usura.
La inédita iniciativa provocó que más de 100 propietarios de locales fueran encarcelados por “burgueses”. En aquel momento, las autoridades aseguraron que “compañías inescrupulosas” habían estado elevando los precios de artículos electrónicos y otros bienes en más del 1.000 por ciento.
El Palacio de Miraflores también ordenó la fiscalización a la compañía Goodyear para verificar los precios, tras afirmar que era insuficiente la reducción de un 15% que acordó la firma.
Días más tarde, el oficialismo venezolano logró aprobar en la Asamblea Nacional la denominada “Ley Habilitante”, que permite a Maduro gobernar por decreto durante todo este año. “Es una ley de costos, ganancias, precios y otros eventos económicos con la que vamos a regular las ganancias”, afirmó el presidente en ese entonces. Este jueves comenzó a regir la ley que fija un tope del 30% en las ganancias de todas las actividades económicas.
Pero no conforme con todas estas medidas, a inicios de diciembre el gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial que disminuyó el valor de los automóviles nuevos y usados.Según Maduro, las ensambladoras que operan en el país (Ford, General Motors, Mitsubishi y Chrysler) y las concesionarias de coches inflan los precios artificialmente manipulando la oferta.
El decreto estableció que los vehículos que sean producidos y comercializados por el Estadono podrán ser vendidos por un lapso de tres años. También determinó que los automotores usados que se comercialicen en el mercado secundario no puedan exceder el precio de los vehículos nuevos a puerta de fábrica. Por otro lado, los venezolanos podrán importar autos nuevos a través de la empresa estatal Suvinca.
El 20 de diciembre, Maduro profundizó su ofensiva ordenando detener y procesar a “empresarios especuladores”. “Di instrucciones para que a partir de mañana sábado 21 a quien se encuentre especulando o sea reincidente, sea detenido y procesado. Ya Basta!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. En sintonía con su jefe, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, le exigió a los comerciantes que, supuestamente, mantienen prácticas de usura que se vayan del país o cambien de actividad.
Esta ráfaga de polémicas medidas desembocó este miércoles en la creación de una”superintendencia de precios justos”, un organismo cívico-militar que fue presentado ante el Parlamento. El Gobierno sacará a la calle a un millón de inspectores, y se espera que una buena parte de ellos sean integrantes de las Fuerzas Armadas.