En la historia del mundo casi ningún régimen totalitario ha sido capaz de someter sociedades sin acudir al uso del miedo como herramienta de control social. Son muchos los casos en los que la represión, la censura, la segregación política y el odio han sido utilizados como medios para lograr un sólo objetivo: paralizar una sociedad y dominarla. En Venezuela vivimos una combinación de todos los ingredientes de represión social, aplicados de forma silenciosa y progresiva para mantener la fachada democrática que el régimen necesita mostrar al mundo, sin descuidar por supuesto, el excesivo poder para manejar y destruir a su antojo lo poco que queda de nuestra estructura social e institucional. Quizás pocos factores advierten que la delincuencia, lejos de ser únicamente producto de las ineficientes acciones de seguridad del estado, es más bien una política sistemática aplicada para infundir terror en la vida de los venezolanos.
Venezuela ha pasado por los 15 años más violentos de su historia, años durante los cuales 202.032 conciudadanos han sido vilmente asesinados. Hoy nuestro país sufre 68 muertes por día y 1 por cada 20 minutos, y si se hubiera mantenido la cifra acumulada durante los gobiernos democráticos, a los que el aparato de propaganda del régimen llama Cuarta República, 133.000 venezolanos se hubieran salvado de morir con la revolución. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de que hoy la violencia se le fue de las manos al gobierno, que acude a la oposición no porque la necesite para resolver el problema, sino para que los venezolanos sientan voluntad política y ajudiquen la responsabilidad de esta crisis a otros actores y no se reduzca a quienes hoy manejan a su antojo los poderes y recursos que deberían estar al servicio de todos los venezolanos. Un gobierno que ha sido rico y omnipotente no necesitaría sino de autoridad para frenar la violencia. De cada 100 delitos, aproximadamente 7 reciben justicia de un sistema judicial totalmente controlado por el partido de gobierno. Sorprende ahora que salgan los voceros del gobierno a prometer mano dura contra la delincuencia, como si se tratase de que la vía adecuada para frenar esta barbarie es la represión desenfrenada al hampa y no una reestructuración de nuestro sistema de justicia.
Lo primero es la prevención, pero más claro que nunca debe quedar que mientras en Venezuela no exista un poder judicial autónomo, un clima de cohesión social en el cual el mensaje de odio emanado desde el poder se acabe, un conjunto de programas sociales que no arrodillen ni estafen con una falsa sensación de bolsillo lleno mientras la crisis económica se agudiza, sino programas sociales que realmente empoderen, cárceles que de verdad regeneren y no profesionalicen a la delincuencia, vías transitables que generen mayor actividad económica y promuevan confianza en los venezolanos, y sobre todo, por el bien del país, que la pobreza no siga siendo vista como una justificación ante el crimen y mucho menos el crimen como una potencial y rentable actividad económica.
Mientras menos señales de verdadera rectificación se generan desde el poder, crece aún más la desconfianza en el gobierno y el país corre el riesgo de que la justicia sea aplicada por nuestros mismos conciudadanos, dejando consecuencias aún peores en la maltratada alma nacional. Quienes somos demócratas, tenemos la gran responsabilidad de insistir en que solo con un gobierno democrático, en un país en el que primero sea la gente y no las armas, será posible recuperar la confianza y volver a tener instituciones. Un país libre y verdaderamente para los venezolanos. Mientras tanto, vale la pena preguntarse: ¿De qué sirvieron los mártires de la revolución?