El deber fundamental de toda persona es la defensa de la vida, de sus bienes y de su familia. Garantizarles techo, comida, trabajo, educación, seguridad personal y jurídica. Es la única posibilidad honesta de abrir oportunidades a los hijos. La obligación de los poderes públicos es contribuir a que estos objetivos puedan alcanzarse. Lamentablemente, en Venezuela las cosas no funcionan así. El estado-gobierno no es el aliado. Es el enemigo. Atenta contra todo lo básico e impide a que la nación, por su cuenta, pueda resolver sus problemas. No exagero.
Un ejemplo lo tenemos con la seguridad personal. Sopotocientos planes han fracasado en manos de civiles y de militares. Ahora se anuncia la anulación de los permisos de porte de arma dentro de un plan de desarme. Es decir, quedarán indefensos quienes pacifica y legalmente están armados, a merced del crimen organizado y de los variopintos colectivos al servicio del régimen. Una vez más, lanzamos la consigna para que cada quien defienda lo suyo, antes sintetizado, y todos juntos defendamos lo nuestro. La libertad y la democracia. Es tiempo.