“La situación económica no da risa”, advierte Gilberto Gudiño Olivares, presidente de Fedecámaras-Zulia. Rechaza la posición de Andreína Tarazón, superintendente de Costos y Precios Justos, para quien la petición de nulidad de la ley que regula las ganancias del empresariado “da vergüenza”. La Verdad
Se justifica. La Ley de Costos y Precios Justos, aprobada por el presidente Nicolás Maduro por vía Habilitante, “es inconstitucional. Esta ley es demasiado punitiva en su articulado”. Explica en visita a La Verdad que esa es la posición a la que llegaron los voceros nacionales de Fedecámaras en una reunión del martes pasado, cuando se anunció la petición que harán al Tribunal Supremo de Justicia.
Gudiño afirma que el texto es un desestímulo más para un sector que se ve afectado por una deuda que mantiene el Gobierno de 16 mil millones de dólares.
Producir así es “difícil”. “Nosotros tenemos deudas con los proveedores en el exterior y ellos, al verse en una situación así, no nos dan crédito o aumentan sus precios y perdemos la capacidad de reponer los inventarios”.
A esto le suma la preocupación por la suspensión de la subasta del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) de esta semana. Una oferta de 220 millones de dólares. “Queremos creer que el Gobierno tiene los dólares, tal y como dicen sus voceros”.