Hace varios días conversaba con un amigo –demócrata cabal y, por tanto, opositor- sobre la llamada Ley de Precios Justos. Me preguntó si no pensaba yo que los márgenes de ganancia en Venezuela eran excesivos. Me dijo que, a su juicio, muchos empresarios venden los productos a precios muy superiores a los que les costó producirlos o importarlos. Que esa era la causa de la inflación. Concluyó confesándome, preocupado, que no encontraba cómo oponerse a esa ley socialista.
Mi primera respuesta consistió en devolverle otra andanada de preguntas. ¿Has pensado por qué sólo hay inflación en Venezuela (y en un par de países más)? ¿Es que acaso se concentran aquí todos los especuladores? ¿Tiene sentido que un empresario eleve los precios de sus productos hasta que nadie se los compre? ¿Acaso es lo mismo obtener una ganancia de, digamos 10%, en una economía estable, a obtenerla en una de las economías de mayor riesgo del planeta? ¿Habrá o no una relación entre el alza de todos los precios y el aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía? ¿Y no está ocurriendo que la cantidad de dinero crece desmesuradamente porque el Banco Central está financiando al gobierno? ¿Sabes que ningún país que haya superado la inflación lo ha logrado controlando precios y persiguiendo a empresarios, sino manejando responsablemente su política económica y promoviendo la competencia?
Mi amigo quedó algo aturdido con este interrogatorio. Y me pidió algún tiempo para meditar sobre el asunto.
Este intercambio de preguntas refleja uno de los problemas más importantes que, en mi opinión, enfrentamos hoy. No contamos con un conjunto mínimo de acuerdos que nos permita salir de la crisis en la que nos ha hundido el socialismo y construir una economía próspera y productiva. Una tarea política ineludible es promover un debate amplio y serio al respecto.
En ese debate yo defenderé a la “economía social de mercado” como la mejor opción. Esta doctrina –que, a pesar de lo que su nombre sugiere, es más que una propuesta económica- ha demostrado su capacidad para hacer que el progreso económico y la productividad creciente redunden en provecho del consumidor; es decir, del pueblo. El mejor ejemplo de ello fue Alemania, luego de la segunda Guerra Mundial.
Algunos de los principios que defiende esta doctrina tienen relevancia para nosotros:
1) El precio refleja la valoración que hacen los consumidores de un producto. Es esta valoración lo que hace que estemos dispuestos a pagar los costos en los que se incurrió en la producción de lo que deseamos. Si un producto es muy valorado su precio será alto, independientemente de los costos para producirlo.
2) La función empresarial cumple la tarea de coordinar el proceso económico. La función empresarial (que no es lo mismo que el llamado sector empresarial) la cumple cualquiera que, ante oportunidades de mercado asociadas a cambios en las valoraciones de los consumidores, en la tecnología o en otras cosas, genera productos para obtener alguna ganancia. Ese proceso creador supone articular recursos productivos de diversa naturaleza y competir con otros proveedores. La ganancia es el ingreso que se logra por desempeñar exitosamente esta función de coordinación, realizando un cálculo acertado sobre los precios de productos e insumos.
3) La mejor forma de favorecer al consumidor es mediante la competencia entre empresarios. Una economía basada en la libertad y la competencia logra compatibilizar el interés individual y el interés general, en una forma no igualada por ningún otro tipo de economía. La razón es que, cuando hay competencia, el empresario sólo puede lograr su propio éxito en la medida en que sirve al consumidor. Y ello le impulsa a ser más productivo y a disminuir sus costos y sus precios.
4) La inflación es un fenómeno monetario. La inflación está siempre asociada al crecimiento sostenido de la cantidad de dinero, crecimiento que excede significativamente al de la producción de bienes y servicios. Una de las razones de ese desequilibrio es el uso de los bancos centrales para financiar los déficits gubernamentales. En tal sentido, el principal culpable de la inflación venezolana es el Directorio del BCV, el cual viola flagrantemente el artículo 320 de la Constitución, que dice: “En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.
Espero que mi amigo halle aquí algunos elementos útiles para continuar nuestro debate particular sobre el tema. Y que algunos políticos y ciudadanos se animen a promoverlo en todos los espacios que tengan a su alcance. Es una condición necesaria para la tarea de reconstrucción de nuestra economía que, más temprano que tarde, deberemos asumir.
Roberto Casanova
@roca023