Un alcalde de la oposición venezolana fue detenido el miércoles y otro fue condenado a 10 meses y medio de prisión, en una ofensiva tras más de un mes de protestas contra el presidente socialista Nicolás Maduro.
Por Esteban Israel y Daniel Wallis/Reuters
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron en la tarde del miércoles alcalde de la ciudad occidental de San Cristóbal, Daniel Ceballos, acusado de “rebelión civil”.
Hoy 19 marzo: Múltiples detenidos en Zulia, Anzoátegui, Aragua y Táchira. 2 Alcaldes en SEBIN. Agresiones brutales a estudiantes de la UCV.
— Alfredo Romero (@alfredoromero) marzo 20, 2014
2 Alcaldes detenidos hoy 19marzo. Daniel Ceballos, San Cristóbal y Enzo Scarano, San Diego, Carabobo. En el SEBIN. 10 50pm
— Alfredo Romero (@alfredoromero) marzo 20, 2014
Unas horas después el Tribunal Supremo de Justicia condenó al alcalde de San Diego, en el estado central de Carabobo, a 10 meses y 15 días de prisión por incumplir una órden de despejar las barricadas levantadas por la oposición. Enzo Scarano fue encarcelado inmediatamente.
Los arrestos llegan dos días después que la justicia ordenó a Ceballos, Scarano y otros alcaldes opositores desbloquear las calles.
Marcan además la que parecería ser una nueva estrategia del Gobierno por terminar con la peor ola de protestas de la última década en Venezuela, que han dejado al menos 31 muertos.
El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo a la televisión estatal que Ceballos había sido arrestado bajo cargos de “rebeldía civil” por la violencia en San Cristóbal, la ciudad más sacudida por las protestas.
“Esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones que le impone la ley y que le impone la Constitución, sino que facilitó y apoyó toda la violencia irracional que se desató en San Cristóbal”, dijo el ministro en una entrevista telefónica con el canal VTV.
Ceballos fue detenido en Caracas, dijo un hombre que se identificó como su asistente a través de la cuenta oficial de Twitter @Daniel_Ceballos. Al parecer había viajado a la capital para participar en una reunión de alcaldes de la oposición.
Rodríguez Torres dijo que Ceballos sería presentado en las próximas horas ante los tribunales “para iniciar el proceso de juicio”.
San Cristóbal, una ciudad de 250.000 habitantes cerca de la frontera con Colombia, ha sido uno de los principales focos de las protestas antigubernamentales que han dejado decenas de muertos desde mediados de febrero.
Fue allí donde todo comenzó a raíz del intento de violación de una universitaria, que indignó a muchos venezolanos cansados de los altos índices de violencia en la nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Scarano, por su parte, fue encarcelado por “desacato” y cesado como alcalde de San Diego, dijo el Tribunal Superior.
“Toda nuestra solidaridad con @ENZOSCARANO ante esta indescriptible agresión! Procedimiento ilegal, sin pies ni cabeza”, escribió el alcalde opositor de Chacao, un municipio opositor en Caracas, Ramón Muchacho, en su cuenta de Twitter @ramonmuchacho.
Los arrestos son las últimas medidas contra la oposición.
El martes la Asamblea Nacional, dominada por el gobernante Partido Socialista, solicitó a la fiscalía la apertura de una investigación penal sobre el papel de la diputada de oposición María Corina Machado en las protestas.
El objetivo, según explicaron legisladores oficialistas, es procesarla por cargos que van desde “traición” a la “incitación a la guerra civil”.
Machado, una opositora de línea dura, ha sido una de las líderes de las protestas junto con Leopoldo López, arrestado hace un mes bajo cargos de haber fomentado los disturbios.
Más muertos
El ministro del Interior dijo a la televisión que un guardia nacional falleció el miércoles por un disparo “durante unos hechos vandálicos” en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional en San Cristóbal, lo que eleva la cifra de muertos durante las protestas a 31.
Más temprano la fiscalía había reportado la muerte a tiros de un funcionario de la alcaldía de Caracas mientras despejaba una barricada en la noche del martes en la capital.
El presidente socialista Nicolás Maduro acusa a la oposición de buscar sembrar el caos para gatillar un golpe de Estado como el sufrido en el 2002 por su mentor, el fallecido Hugo Chávez.
Nada indica, sin embargo, que las protestas amenacen el Gobierno de Maduro.
Los manifestantes dicen que están hartos de la inseguridad en las calles del país, la inflación del 57 por ciento anual y el desabastecimiento que los obliga a hacer horas de filas para comprar leche o papel higiénico.
El líder estudiantil de oposición Juan Requesens anunció a través de Twitter @JuanRequesens una marcha el jueves contra la detención de Ceballos.
(Reporte de Esteban Israel y Daniel Wallis. Editado por Ricardo Figueroa y Carlos Aliaga)
La agencia AFP destacó que la captura del alcalde de San Cristóbal, cuna de las protestas en Venezuela, y la investigación judicial a una destacada diputada antichavista aumentaron la presión sobre la oposición del país, que suma dos dirigentes detenidos en el marco de las protestas contra el gobierno, reseña AFP.
Por Jordi MIRO, Valeria PACHECO/AFP
Un tribunal del estado de Táchira, cuya capital es San Cristóbal, emitió “una orden de captura contra el alcalde Daniel Ceballos (…) por rebelión civil y ha sido practicada la captura por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)”, anunció este miércoles el ministro de Interior, Miguel Rodríguez, vía telefónica al canal oficial VTV.
Ceballos, de 30 años, es el segundo dirigente de Voluntad Popular detenido en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se iniciaron en San Cristóbal el 4 de febrero, luego de la captura de Leopoldo López, el máximo líder del partido y quien está en una cárcel militar desde el 18 de ese mes acusado de instigar a la violencia.
La noche del martes, la mayoría oficialista del Legislativo venezolano también solicitó indagar a la diputada María Corina Machado por “instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio” durante las protestas.
Entretanto, la contestación al gobierno, que se inició en San Cristóbal (oeste) y se extendió a otras ciudades, ha amainado en los últimos días, transformándose en “dos o tres focos duros” de violencia en San Cristóbal y “solamente” uno en el municipio San Diego, en el estado de Carabobo (centro), precisó Rodríguez.
La Fiscalía informó que la tarde del miércoles murió un efectivo de la militar Guardia Nacional cuando dispersaba una manifestación en una universidad de San Cristóbal con lo que suman al menos 30 fallecidos y 400 heridos tras más de un mes de disturbios.
Ceballos será presentado en las “próximas horas” ante un tribunal, agregó Rodríguez, quien defendió la captura como “un acto de justicia ante un alcalde que (…) facilitó y apoyó toda la violencia irracional que se desató” en San Cristóbal.
En su cuenta Twitter, Voluntad Popular relató que al alcalde “se lo llevaron frente a sus abogados” en un hotel de Caracas y “sin ninguna orden”.
Ceballos, electo en diciembre de 2013 en su primer período como alcalde de San Cristóbal por Voluntad Popular, ha denunciado en las últimas semanas que grupos ilegales, cercanos al gobierno, han atacado con armas de fuego las barricadas montadas por estudiantes en ese estado, causando varias muertes.
En tanto, López continúa a la espera de que se determine si hay elementos para juzgarlo, mientras Carlos Vecchio, otro dirigente de Voluntad Popular, está prófugo de la justicia tras ser señalado igualmente como instigador de la violencia.
– “No me van a callar” –
Este miércoles, los abogados de Machado denunciaron ante la Fiscalía General las “grabaciones ilícitas” de conversaciones telefónicas que presentó la bancada chavista como prueba para solicitar la investigación de la diputada.
Si la Fiscalía decide abrir una investigación a Machado debe comunicarlo al Tribunal Supremo de Justicia, que tendrá 30 días para resolver si la enjuiciará, pues cuenta con inmunidad parlamentaria, explicó a la AFP el abogado de la legisladora, José Amalio Graterol.
El martes por la noche, en una sesión inusualmente fugaz, la mayoría chavista de la Asamblea votó pedir la investigación después de mostrar audios, videos y documentos que involucrarían a Machado con la violencia en las protestas.
“Si creen que amenazándome y ‘allanando’ mi inmunidad me van a callar, no me conocen”, respondió por Twitter Machado, que este miércoles viajó a Washington, donde se espera que el viernes tome la palabra ante el Consejo Permanente de la OEA a solicitud de Panamá.
Machado, una ingeniera de 46 años que fue precandidata presidencial de la oposición para las elecciones de octubre de 2012, es impulsora junto a López de “La Salida”, la táctica de realizar protestas callejeras para forzar el fin del gobierno de Maduro.
– Protestas a la baja –
Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo mundiales, está desde hace cinco semanas inmerso en una ola de protestas contra la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos, entre otros reclamos, que continuarán este jueves tras el aumento de la presión judicial sobre los opositores.
Pero varias cosas han cambiado en la última semana: el número de manifestantes se ha reducido paulatinamente, los disturbios de cada noche en varios puntos del país se han ido apagando y las protestas que aglutinaban a miles de personas se han atomizado en pequeños focos.
Este miércoles, decenas de vecinos de Chacao, el distrito opositor del este de Caracas -epicentro de las protestas en la capital- reclamaban contra la militarización ordenada por Maduro para apagar definitivamente los disturbios.
Al anochecer, medio millar de manifestantes salió a la plaza Altamira de Chacao para realizar distintas expresiones de protestas como simular un cementerio en uno de sus jardines con los nombres de las víctimas de la violencia en las protestas o hacer una cadena humana.
“No creo que la gente esté cansada de protestar. Yo me mantendré en la calle los meses que sea necesario (…) Creo que la protesta está tomando otra proyección y otras personas se están manifestando (…) gente que no es estudiante”, dijo a la AFP, Vilma Molina, una psicopedagoga de 53 años.
AFP