El muchacho confesó haber participado en el conflicto que protagonizaran afectos al oficialismo y manifestantes de oposición en el semáforo de McDonald’s, de la avenida Atlántico, el pasado 18 de febrero, en el que resultaron quemados dos vehículos de la Alcaldía de Caroní. Mirko aseguró que los oficialistas estaban armados y que el acto de intimidación radicalizó los ánimos de todos los jóvenes que manifestaban: “Después de todo eso, salíamos siempre”.
“Así es la jugada, la pones (barricada) y te vas” dice Mirko, relatando los hechos que antecedieron a su captura. A las 2:00 de la mañana un grupo de 15 jóvenes, aproximadamente, salió a colocar una barricada en la avenida Atlántico, cerca del Plaza Atlántico Mall.
“Teníamos todo en el monte” para conformar la barricada, como bloques, cauchos, matas cortadas y piedras. Los cauchos ya están ardiendo en la tranca de la vía cuando Mirko se dirige, con cuatro chicos más, a “buscar unos bloques en la casa vieja”, un inmueble en construcción que está en el monte aledaño a la barricada, “y en eso llegó la policía (PEB)”.
Mirko relata la historia tranquilo, sin dejar escapar ningún detalle de la experiencia que le tocó vivir. “Corrimos hacia el monte para escondernos” al momento de escuchar las sirenas de las patrullas.
Asegura haber corrido 1 kilómetro en medio del campo. Al escuchar disparos, Mirko se quitó la camisa para no ser divisado entre las plantas, y encontró refugio en unos edificios, donde permaneció dos horas. La desesperación y las ganas de llegar a su hogar lo hicieron contactar a “Amilcar, chamo, cántame la zona, quiero correr a mi casa”.
Amílcar le da “luz verde”, pero no contaba con que una patrulla de la PEB “se escondieron en la parada (de autobuses) con las luces apagadas” y con pistola en mano, lo detienen a él y uno de sus compañeros, en medio de la oscuridad, a las 4:00 de la madrugada.
“Una paliza bien dura”
Al momento de la captura Mirko portaba sus llaves, su billetera y su celular. Aún estaba sin camisa. Las agresiones físicas comenzaron desde el momento de la detención: “Me dicen acuéstate en el piso y ¡Plum! Vino el primer golpe” mientras yacían en el suelo. Acto seguido sus celulares fueron decomisados y fueron ingresados a la patrulla, pero en la cabina trasera y no en los asientos del vehículo.
Mirko sufrió laceraciones en la espalda y en el brazo pues le tocó ir sobre unos alambres de púa que habían decomisado los oficiales horas atrás, además de un encendedor Zippo y un envase con gasolina. Un oficial los apuntaba con su arma y otro decía “no, no lo mates, no te vuelvas loco”.
El estudiante asegura que “nunca les demostré miedo, pero sí tenía mucho miedo. Me oriné encima” mientras era trasladado a la comisaría. Angustia y desesperación se apoderaron de los dos detenidos. Mirko asegura que el shock le hizo sentir que “yo no estaba ahí”. La patrulla arribó al Centro de Coordinación Policial (CCP) Altos del Caroní.
Así comienza el violento interrogatorio
– ¿Quién te está pagando? -grita un oficial a Mirko
– Nadie -responde el joven, pero la respuesta es compensada con un golpe en la cara.
La operación se repitió siete veces. Mirko recibió siete golpes en el rostro por parte de un oficial, que buscaba obtener una confesión que no existía, ya que el estudiante manifestaba por iniciativa propia: “Mientras más decía que no me estaban pagando, más me daban (…) me pegaban demasiado duro”.
Los golpes eran propinados con la parte interna de la muñeca hacia los lados de la mandíbula. El joven asegura que “me dieron una paliza bien dura. Cuando me soltaron yo no podía abrir la boca”. La última respuesta negativa del joven fue respondida con “un golpe en la boca del estómago” y cayó al suelo.
Su compañero fue golpeado en las costillas. Mirko yacía en el piso mientras los policías salían y entraban del cuarto donde estaban recluidos. En un momento “regresaron, me levantaron, me sacaron la correa, me pegaron con la hebilla varias veces” en la espalda, que ya estaba lastimada por los alambres de púa.
“Ahí estaba una funcionaria y dijo ‘el muchacho está sangrando, va a haber caída con él’. De ahí para adelante no nos tocaron más”, contó el estudiante.
Proceso de liberación
El chico asegura que se debe a la formación cristiana que le inculcó su familia desde pequeño.
A las 5:30 de la mañana llegó una abogada al CCP Altos del Caroní, en defensa de los dos detenidos. Logra conversar con los jóvenes y Mirko asevera que “a mí no me agarraron nada encima”.
Los padres del joven viven en Los Pijiguaos (a ocho horas de Ciudad Guayana), por lo que al lugar se aproximó su hermana y el pastor de la iglesia donde asisten, para ayudarlo. La negociación comienza con la frase “queremos dólares” que dice un oficial de la PEB a su hermana.
La desconfianza ante el sistema judicial y penal venezolano alimenta el miedo del joven y su hermana. La abogada les comunicó que Mirko estaba siendo acusado injustamente de intento de homicidio y terrorismo, y le habían atribuido la pertenencia de los objetos que se encontraban en la patrulla al momento de su detención, que no eran suyos.
La demanda de los oficiales cambia a “40 mil bolívares por (liberar a) cada uno”, pero la conversación de las partes logra establecer un pago de 10 mil bolívares para dejar en libertad a Mirko Yanez. “Si a las 10:00 de la mañana no tienen el dinero, nosotros pasamos el caso a Fiscalía”. Presa de la angustia, la hermana de Mirko pidió dinero prestado para pagar la abultada suma de dinero.
“Yo me entero de todo al salir” confiesa el estudiante, añadiendo que en cuanto cesan las agresiones físicas, los funcionarios le facilitaron una camisa y le hacen limpiar el cuarto donde estaban detenidos. “Ellos dijeron que al pagar se borraba el registro”, pues el joven llenó una planilla en el CCP Altos del Caroní. Mirko duró seis horas detenido. Luego de los maltratos físicos y psicológicos, fue dejado en libertad a las 10:00 de la mañana. Los oficiales le devolvieron su teléfono celular.
No más “guarimbas”
Los padres del estudiante llegaron a Puerto Ordaz a las 4:00 de la tarde. “Mi papá me dio su mensaje de reflexión” y ya Mirko no participa en ninguna manifestación. “Tú te das cuenta de quién está contigo en un momento difícil” y decidió hacer caso a las recomendaciones de su familia.
El joven repudia el accionar de la PEB en las detenciones: “Al pisar la comisaría yo vi de todo. Ahí no hay ley, vendían pistolas ahí dentro, negociaban” dijo el joven, resaltando que “para tú cambiar un gobierno tienes que cambiar a los policías, tienen que cambiar todo, poner gente que se prepare” para mejorar el sistema de seguridad.
Él se fue recuperando de los golpes al cabo de dos días. Hoy tiene pequeñas cicatrices de las laceraciones con el alambre de púas y la correa. Al día siguiente de su detención, el estudiante se encontró con uno de sus agresores en la universidad donde estudia, mientras formalizaba su inscripción. “Me dijo ‘¿Qué haces por aquí?’ riéndose, yo lo saludé normal”.
El debido proceso
El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las características del debido proceso a “todas las actuaciones judiciales y administrativas”. Sobre el caso de Mirko Yanez, los numerales 1, 2 y 5 dicen lo siguiente:
1. “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.
2. “Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
5. “Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable (…) la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.
Sanciones para la tortura
Según el numeral 2 del artículo 5 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, tortura se define como: “actos por los cuales se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión (…) por un funcionario público…”.
El artículo 21 del instrumento legal sanciona con “pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública” al funcionario que incurra en maltrato psicológico, mientras que el artículo 23 sanciona con “pena de uno a cinco años de prisión” y multa de 250 a 500 Unidades Tributarias al funcionario que incurra en el delito de tortura.