Opositores asesinados: Bassil Da Costa Frías, en La Candelaria, presumiblemente por funcionario del Sebin; Roberto Redman, en Chacao, por motorizado presumiblemente del Sebin o paramilitar rojo; Génesis Carmona, en Valencia, presumiblemente por paramilitar rojo; Geraldine Moreno, en San Diego, presumiblemente por la Guardia Nacional; Wilmer Carballo Amaya, en Cagua, presumiblemente por paramilitares rojos; Daniel Tinoco, en San Cristóbal, presumiblemente por paramilitares rojos; Jesús E. Acosta, en Valencia, presumiblemente por paramilitares rojos; Guillermo Alfonzo Sánchez, en Valencia, presumiblemente por paramilitares rojos; Anthony Rojas, en San Cristóbal, presumiblemente por paramilitares rojos. En Caracas, José Alejandro Márquez, presumiblemente asesinado a golpes por guardias nacionales.
Oficialistas asesinados: Juan Carlos Montoya, paramilitar rojo, en La Candelaria, presumiblemente por funcionario Sebin; Arturo Alexis Martínez, en Barquisimeto cuando se encontraba detrás de tanqueta de la Guardia; Gisela Rubilar Figueroa, chilena, en Mérida, mientras retiraba barricada; José G. Amaris Castillo, en Los Ruices; Giovanny Pantoja, sargento de la Guardia, en Valencia; Acner Isaac López Lyon, sargento Guardia Nacional, en Los Ruices; Ramzor Bracho Bravo, capitán de la Guardia, en Valencia; José Guillén Araque, capitán de la Guardia, en Maracay; John Castillo, sargento de la Guardia, en San Cristóbal.
Francisco Rosendo Marín, trabajador Alcaldía Libertador, asesinado en Montalbán. Jimmy Vargas, opositor, falleció en San Cristóbal al caer de una platabanda bajo supuesto acoso de la Guardia. José Ernesto Méndez, opositor, fue arrollado en Carúpano por conductor contratista de Pdvsa molesto por una barricada. Elvis Rafael Durán falleció en Caracas como consecuencia de caída ocasionada por guaya colocada en una barricada. Otras cinco personas fallecieron por accidentes presumiblemente causados por barricadas.
Es obligatorio identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Los numerosos casos de asesinatos cometidos por paramilitares rojos y heridos comprometen a Maduro por instarlos a controlar “candelitas” y a los mandos militares por permitirlo. Igualmente a los comandantes de la Guardia, jefes del Sebin y de la Policía Nacional, así como a gobernadores oficialistas donde ocurrieron los hechos. Condenamos los asesinatos, los numerosos casos de heridos, los más de 60 casos de torturas y más de 1.500 detenciones ilegales. El gobierno alimentó la violencia. Maduro debe renunciar.
Como en botica: Solidaridad con Teodoro y directiva de Tal Cual y con los alcaldes Scarano y Ceballos; con María Corina, perseguida por la envidia de unas diputadas rojas sin méritos y por un capitán gorila. El asalto de paramilitares a la UCV y las agresiones son responsabilidad de Maduro. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!