En nombre del bloque parlamentario de la unidad democrática, el diputado tachirense Miguel Ángel Rodríguez solicitó una moción de urgencia en la que calificó de golpe de estado la decisión de “derrocamiento” tomada por la directiva del organismo legislativo contra la diputada María Corina Machado.
Se aludió a un recurso de acción colectiva que miembros de las distintas fracciones de la unidad democrática llevaron de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia con la petición expresa del resarcimiento de derechos conculcados por la directiva de la Asamblea Nacional.
Al máximo tribunal acudieron también los legisladores Eduardo Gómez Sigala, Dinorah Figueras, Carlos Berrizbeitia, Leomagno Flores, Juan Romero, Alfonso Marquina, Andrés Velásquez, Vestalia Sampedro, julio Borges, Miriam de Montilla, Américo De Gracia, Ismael García, Richard Blanco, Freddy Marcano, Deyalitza Araiz, Jose Gregorio Hernández, Luis Barragán, Juan Pablo García y Biaggio Pillieri, entre otros.
Dijeron que conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, el Estado Venezolano está obligado a cumplir todas las garantías que en materia de derechos humanos, están contempladas en los convenios internacionales suscritos por la República.
Citaron como ejemplos, los derechos de elegir de centenares de miles de electores, de ser elegidos, de derecho al debido proceso, a la defensa y a la no discriminación política, además de las prerrogativas propias de un funcionario electo por voluntad ciudadana, que comprende soberanía nacional.
“Todos estos derechos que cobijan al pueblo elector y a sus representantes están plasmados en la declaración universal y en la convención interamericana de los derechos humanos, además de nuestra carta magna. Nadie puede disolver por fuera del marco jurídico nacional e internacional la soberanía nacional que reside en el pueblo y se expresa a través del voto”.
Los parlamentarios de la unidad democrática protestaron también por los juicios express a los que se han sometido tanto al Alcalde de San Diego, como al burgomaestre de San Cristóbal. Ceballos y Scarano, han sido también detenidos irregularmente con miras al derrocamiento.
El recurso de acción colectiva fue recibido por la secretaría de la Sala Constitucional, al tiempo que en otra sala se procesaba a Daniel Ceballos bajo la presunción de desacato que sumaría gravedad a los cargos por los que se le privó de libertad y que la oposición califica como montaje para criminalizar a la disidencia democrática del país.