Lapatilla
La Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogado Rocio San Miguel acudió al Ministerio Público para solicitar formalmente se abra una investigación sobre la imputación pública de delito en su contra que hiciera esta semana el Presidente el Presidente de la República Nicolás Maduro.
En su escrito solicito a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se remita conforme a la ley cuestionario al ciudadano Presidente de la República, para que informe al Ministerio Público, los elementos de tiempo, modo y lugar en las que basa las acusaciones en su contra, con el objeto de la Fiscalía General garantice: El derecho a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído en cualquier clase de proceso, el derecho a ser juzgada por jueces naturales, el derecho de petición ante cualquier autoridad y a obtener oportuna respuesta, el derecho de réplica y rectificación, el derecho al honor y el derecho a la participación en asuntos públicos, previstos en los artículos 26, 49, 51, 58, 60, 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El día 25 de marzo de 2014, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizo una serie de acusaciones en contra de la defensora de derechos humanos a través del canal estatalVenezolana de Televisión y el circuito de medios públicos del Estado, en el marco de comentarios sobre la detención de tres (03) generales activos de la aviación militar bolivariana, por presuntamente estar orquestando un plan para sacarlo del poder, en los siguientes términos:
“Hay varios enlaces con sectores de la oposición, uno de ellos es con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido voluntad popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado”.
“Se verán, ustedes verán. Ustedes la verán como ella brinca, salta, chilla. Ah! como es una mujer va a decir, Maduro agrede a la mujer. No la estoy agrediendo, solamente la estoy señalando, que aparece en la investigación, como involucrada en promover un alzamiento militar contra el orden establecido en Venezuela. Así de sencillo”.
Ella es una pieza, de organismos internacionales que han conspirado contra Venezuela. Ella recibe sueldo de esos organismos internacionales desde hace mucho tiempo. Y es una pieza. Bueno. Ahí está la pieza pues. Hasta donde llegó la pieza pues”.
Las acusaciones se inscriben en el marco de las denuncia efectuada por Control Ciudadano sobre la detención irregular de los generales de la aviación por no haberse cumplido el precepto constitucional de antejuicio de mérito previsto en el artículo 266 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ty por la visita que intentara efectuar la abogado para percartarse del estado y condiciones de detención de los generales, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Indico la abogado en su solicitud que el Presidente de la República la acusó frente al país, sin presentar pruebas y de manera infundada de delitos graves, en un claro abuso de autoridad invadiendo funciones del poder judicial, recordando ademas al Ministerio Público el deber del Estado de respetar y garantizar el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos.
Rocio San Miguel y su menor hija, cuentan con medidas de protección cautelar dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida número MC-349) en fecha 18 de enero de 2012, que no han sido cumplidas por el Estado Venezolano. Habiendo sido el hecho mas reciente de amenazas a su integridad personal, el ocurrido ell 18 de marzo de 2014, en el marco de “un intento de robo” en el que fué amenazada por el delincuente con estas palabras: “San Miguel te vamos a quebrar”.
La Presidenta de Control Ciudadano reitero el deber del Estado de adelantar investigación en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los culpables, los cuales en su caso, a pesar de haberse tramitado debidamente las denuncias, siempre han quedado impunes.