Los diputados de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Abelardo Díaz y Homero Ruiz, consignaron una “Demanda de Protección de Intereses Colectivos y Difusos con Medida Cautelar de Amparo Constitucional” ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de conminar al gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora a brindar seguridad y protección a los ciudadanos sancristobalences y tachirenses ante la ola de ataques violentos que se han perpetrado en la región con el saldo de personas fallecidas, heridas y destrozos tanto de bienes públicos como privados.
En este sentido el diputado socialcristiano Abelardo Díaz recordó que en los últimos días la comunidad tachirense, en especial la de San Cristóbal y algunos municipios metropolitanos y de frontera han sido atacadas por un grupo de personas que se desplazan en motocicletas, vinculados con el oficialismo y que en algunos casos actúan de manera conjunta con los cuerpos de seguridad del estado, “quienes en actitud violenta proceden a causar destrozos en viviendas y en los vehículos, ocasionando daños patrimoniales significativos y además poniendo en situación de riesgo la integridad física de las personas sin que el ejecutivo regional haga nada para evitarlo, convirtiéndose el gobernador Vielma Mora en cómplice por omisión de todos estos actos vandálicos”.
Aseguró el parlamentario que es obligación constitucional y legal del gobernador proteger al ciudadano en su integridad física y a sus bienes, tal como lo contempla el artículo 55 de la Constitución en concordancia con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, “pero en nuestra región lo que está ocurriendo es todo lo contrario y hemos visto en distintos sectores de San Cristóbal a ciudadanos violentos que se desplazan en motos, que en operaciones conjuntas con la GNB y PNB le ‘caen a piedra’ a las casas y vehículos de los ciudadanos y eso no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad”.
Indicó Díaz que la referida acción busca también el resarcimiento económico por parte de la gobernación de los daños sufridos por los ciudadanos en viviendas y vehículos, como consecuencia de la violencia de este sector oficialista, además de una revisión al abuso, humillación y amedrentamiento en que se han convertido los distintos allanamientos ilegales que se realizan en distintos sectores de San Cristóbal
Por su parte el diputado Homero Ruiz manifestó que la decisión con la que el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y encarceló al Alcalde del Municipio San Cristóbal Daniel Ceballos, está viciada de nulidad, ya que entre las competencias de los alcaldes no está el contar con grupos entrenados y equipados para el control de manifestaciones públicas, “a Daniel Ceballos lo destituyen, por supuestamente negarse a reprimir las protestas en la ciudad de San Cristóbal, pero si revisamos la Ley de Policía Nacional, podemos observar que el control de manifestaciones no es una competencia del Alcalde, por el contrario, es una competencia del Gobernador y eso está enunciado de forma muy clara en el artículo 43. Es una obligación de la Policía Estadal, organizar personal entrenado y equipado debidamente para el control de todo tipo de manifestaciones públicas, en tan sentido, aquí quien ha debido ser destituido es el Gobernador José Gregorio Vielma Mora”.
Asimismo afirmó el parlamentario tachirense, que con esta acción que el día de hoy interponen ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se pretende es garantizar la vida y la integridad física de las personas, así como también salvaguardar los bienes tanto públicos como privados, “esperamos, que el Tribunal Supremo de Justicia, nos demuestre a los venezolanos que en este país aun existen al menos visos de legalidad, José Gregorio Vielma Mora, como Gobernador del Táchira debe ser obligado a cumplir con sus funciones como máxima autoridad de seguridad en la región y sino es así, entonces debe ser destituido.”