El Gobierno de Venezuela puede presumir del dudoso honor de no enfrentar fallos adversos por parte del Tribunal Supremo desde que el Gobierno de Hugo Chávez (1998-2013) reformó en 2004 la ley orgánica de este tribunal y nombró nuevos magistrados. Vista su trayectoria en los últimos nueve años, las opciones que puede tener el dirigente opositor Leopoldo López —encarcelado desde hace 47 días por supuesto enaltecimiento de la violencia— de encontrar amparo en el Supremo son más bien escasas. Para la ONG Human Rights Watch esa falta de independencia del poder judicial sólo es equiparable a la que padecen Honduras, Nicaragua y Ecuador, publica El País.
La mayoría de los Tribunales Supremos de América Latina se han enfrentado alguna que otra vez a las políticas de sus Gobiernos. El equilibrio de poderes, tan saludable en cualquier democracia, se ha ejercido de forma bien visible en la mayor parte de la región. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema vetó el año pasado la reforma judicial que promovía el Gobierno de Cristina Fernández. En Brasil, la Suprema Corte condenó a parte de la cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores en el caso de sobornos políticos conocido como mensalão. En la actualidad, siete altos cargos cumplen condena en régimen cerrado. En México, la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2007 la llamada Ley Televisa por considerar que propiciaba prácticas de monopolio.
En Uruguay, la Suprema Corte de Justicia anuló el año pasado la ley que impedía la impunidad para los represores de la dictadura, un gran varapalo para la izquierda uruguaya y para el Gobierno de José Mujica. En Colombia, la Corte Constitucional vetó en febrero de 2010 la posibilidad de que Álvaro Uribe pudiese concurrir a otras presidenciales para un tercer mandato. En Chile, la Corte Suprema acogió el recurso de organizaciones ecologistas y paralizó en 2012 el proyecto hidroeléctrico de Puerto Aysen, impulsado por el Gobierno. Y en 2008, la Corte Constitucional prohibió la venta de la píldora del día después que había aprobado el Gobierno de Michelle Bachelet. En Bolivia, el Tribunal Constitucional declaró el año pasado parcialmente inconstitucional la ley de Autonomía, por la que el Gobierno de Evo Morales se había deshecho de varios alcaldes y gobernadores de la oposición. En Costa Rica, la Sala Constitucional tumbó en 2012 el proyecto tributario estrella del Gobierno de Laura Chinchilla. Los ejemplos son diversos y numerosos.
La mayoría de las Cortes Supremas se han enfrentado alguna vez a las políticas de sus Gobiernos
En Venezuela, sin embargo, la situación es distinta de la que se vive en la mayor parte de la región. El director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”. “El Gobierno de Chávez, desde 2004, ha manipulado la composición del más alto tribunal, llenándolo de incondicionales. El resultado ha sido una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas, como lo están haciendo actualmente con la detención de alcaldes de oposición”, subraya Vivanco.
El representante de HRW incide, además, en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de los jueces: “El TSJ tiene facultades para nombrar y destituir a jueces inferiores provisorios, que hoy son la gran mayoría en el país, con lo cual estamos ante un sistema perverso en el cual este tribunal partidario puede destituir mediante un telegrama a prácticamente cualquier juez, incluida la jueza que lleva el caso de Leopoldo López”.
Vivanco cree que el ejemplo “más nítido” de la falta de independencia judicial en Venezuela fue la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, en diciembre de 2009. “Eso tuvo un profundo impacto en los jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del TSJ en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que pudiesen disgustar al Gobierno. Sin embargo, mientras antes temían perder sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados por cumplir la ley. Nadie quiere perder su trabajo ni ir preso”.
El jurista venezolano Pedro Nikken sostiene que el “sometimiento de la independencia” del Tribunal quedó confirmado en el discurso de apertura del Año Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba. En aquel discurso, Vegas señaló: “El poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno nacional” en el sentido de desarrollar “una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano”.
Nikken, igual que HRW, considera que el gran momento de inflexión se produjo con la privación de libertad de la juez Afiuni. “Eso causó un efecto devastador sobre la judicatura”, señala. Nicaragua es otro de los países donde un presidente puede dormir tranquilo con la convicción de que la Corte Suprema no le deparará sorpresas desagradables. En 2011, la Sala Constitucional declaró inaplicable el artículo 47 de la Constitución que prohibía disputar un tercer mandato presidencial. Daniel Ortega reformó la constitución y en enero la Asamblea aprobó la posibilidad de reelección indefinida.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa impulsó una reforma judicial en 2011 que fue refrendada mediante consulta popular. Desde entonces, ni la Corte Nacional de Justicia ni la Corte Constitucional se han pronunciado contra alguna medida de Correa. En 2013 fueron destituidos 165 jueces, 214 sancionados, 60 suspendidos y 17 multados por el Consejo de la Judicatura, integrado su mayoría por ex funcionarios del Gobierno. Ramiro Aguilar, abogado y asambleísta independiente, señala: “Los jueces actuales son militantes del partido de Gobierno. Si alguno se quiere desmarcar, el Consejo de la Judicatura los destituye”.
José Miguel Vivanco cree que el Gobierno de Ecuador se ha servido del Poder Judicial para “amordazar” a los medios de comunicación independientes. Y para ello, ha sido clave el hecho de que el Consejo de la Judicatura esté “compuesto exclusivamente por ex-funcionarios de Correa”.
En Honduras, la periodista Thelma Mejía recuerda que tras el golpe de Estado de 2009 fueron destituidos cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala Constituciones por emitir dos fallos contra los intereses del Poder Ejecutivo. En un sondeo de 2013, la Corte Suprema quedaba como una de las instituciones peor valoradas.
Con información de Magdalena Martínez (Uruguay), Elizabeth Reyes L. (Colombia), Salvador Camarena (México), Carlos Salinas (Nicaragua) Mabel Azcui (Bolivia), José Meléndez (Costa Rica) y Soraya Constante (Ecuador).