La situación económica que padecemos es producto de la falta de aplicación – por parte del gobierno – del régimen económico legítimo, concebido por la Asamblea Constituyente, asegura la diputada Vestalia Sampedro, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. A su entender, se habría éste se habría dedicado a “desmontar el aparato productor nacional, violando los derechos a la propiedad privada y libre empresa y desarticulando el sistema de controles que hoy facilita el manejo discrecional y falto de transparencia, de todos los recursos de la República”, indica. Nota de Prensa
Como ejemplo de ello señala que la Constitución Nacional establece que es el Estado, por medio del BCV en coordinación con el Ministerio de Finanzas, el encargado de preservar el valor de nuestra moneda, no obstante según expresa, “estamos ante la más espantosa maxidevaluación (…) me pregunto es que nadie debe pagar por esto? Si las consecuencias de éstas decisiones han acarreado que el valor de nuestro trabajo este totalmente devaluado, esto no es responsabilidad de alguien?”, cuestiona Sampedro.
A su juicio, estamos ante la quiebra de los sectores público y privado “sin que el gobierno asuma la gran responsabilidad que tiene, trasladando a los particulares las consecuencias de haber derrochado la mayor cantidad de recursos, sin investigación, ni castigo a culpables, sin plan para reponerla y ahora, sólo les resta distribuir lo que les queda, miseria y escasez (…) montó artificialmente una divisa barata que nos hizo más dependientes de las importaciones, ahora la restringe, sin que empresa privada pueda honrar compromisos con proveedores internacionales, agravando la activación de cadenas de producción, encarece divisas, arrastrando al pueblo a la pobreza y atraso, donde todo lo que no sea alimentos y medicinas es secundario”.
Bajo ese esquema, forzó precios bajos con regulaciones que hoy no puede sostener. Se pregunta “cómo es que la Cesta básica estuvo regulada por el interés del gobierno en los distintos procesos electorales y ahora no habiendo elecciones, llega a Bs. 9.986, 61, 11,7% más con respecto a febrero. Si el gobierno estatizó un mayor número de empresas alimentarias, cómo es que no tenemos alimento”.
Con respecto a la cantidad de empresas estatizadas, afirma que “tienen el 80% de la producción de café y se importa el 46%, fue regulado a 30bs pero ahora cuesta 68% más, la leche, queso y huevos 25% más, el blanco duro regulado en 38 bs se vende de 250 a 300 bs/Kg, 459% más; en aceites y grasas cuenta con 5 instalaciones e importa el 26%, carne importa el 65%. En hortalizas, ahuyama aumentó 92,2%, tomate 66,3%, zanahoria 56,9% y ajo 30%. Tiene 18 de las 23 compañías procesadoras de harina de maíz, 41% de la producción de arroz, de los 16 predios de azúcar tiene 10, a pesar de esto importa 43% de la azúcar cruda a 200 millones de dólares anuales, cómo es que no se consiguen?”
“Ya no hay lugar para correr arrugas y posponer decisiones, el único camino es retornar a la Constitución porque éste modelo fracasó. Por muchos años políticos en oposición y economistas responsables, hemos advertido para evitar el desastre, vemos con ansiedad que no se toman correctivos, el gobierno no ajusta su alto nivel de gasto y endeudamiento, la mayoría oficial en la Asamblea Nacional sigue firmando cheques en blanco al Ejecutivo para aquello que no es la prioridad de los hogares y mesas de venezolanos (…) no podemos seguir permitiendo que se expriman nuestros bolsillos con una maxidevaluación de 700% en un mismo día, para generarle bolívares a PDVSA, pero quitándonos el derecho de aspirar mejorar condiciones de vida, sometiéndonos a la conformidad con lo que hay, con lo que se consigue, como si Venezuela fuese un país pobre, no señores esto no es normal y no lo aceptamos”.