El concejal del municipio Sucre, Andrés “Chola” Schloeter, hizo llamado a las autoridades de PDVSA Gas para que se aboque de manera inmediata a reparar los daños ocasionados en la avenida principal de Macaracuay.
Explicó que en octubre del 2013, PDVSA Gas, comenzó a realizar unos trabajos para conectar la estación de servicio que se encuentra ubicada en la avenida Río de Janeiro y la estación de servicio de Macaracuay. Sin embargo, seis meses después calles y avenidas de este sector permanecen en mal estado, pues si bien la empresa tapó los huecos, lo hizo con concreto no con asfalto.
“Chola” Schloeter, quien es presidente de la Comisión de Tributos, Actividades Económicas y Desarrollo, acudió al lugar en compañía del presidente de la Cámara Municipal de Sucre, concejal Jorge Barroso; el presidente de la Comisión de Urbanismo, Vialidad y Transporte, Juan Carlos Vidal; la diputada del Consejo Legislativo de Miranda, Flavia Martineau; y representantes de las asociaciones de vecinos del sector y consejos comunales del sector.
Aclaró que no están en contra de los trabajos realizados, pero ello no debe ser motivo para que se generen otros problemas. “Los vecinos del municipio que regularmente transitan por esta vialidad se han visto afectado por esta situación, que en primera instancia ha generado congestión y embotellamiento vehicular, especialmente en las horas pico, situación que mantiene molesta a la comunidad”, aseguró.
Explicó igualmente, que “en junio de 2013 la Alcaldía de Sucre invirtió 2.2 millones de bolívares en la recuperación de la avenida principal de Macaracuay que incluyó asfaltado, demarcación y recuperación de aceras, así como accesos para personas con discapacidad”.
Los vecinos han promovido protestas de calle, jornadas de volanteo y han colocado pancartas sin que hasta ahora se haya resuelto la situación.
Responsabilidad Extracontractual
Por otra parte, señaló el edil que desde el punto de vista jurídico, PDVSA Gas, podría estar infringiendo los artículos 139 y 140 de la Constitución de 1999 referidos al derecho público, puesto que se podría estar frente a un supuesto de Responsabilidad Extracontractual, es decir, aquella que se deriva de “una conducta cualquiera de los órganos del Estado no referida a un acuerdo de voluntades con el sujeto damnificado”.