José Antonio España, dirigente de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional denunció ante la Fiscalía General de la República las fallas en la distribución y comercialización del Gas Doméstico por parte de PDVSA y el deterioro de los servicios públicos en el país.
España manifestó que “el gobierno de Maduro ha destruido los servicios públicos en Venezuela; es un completo desastre la distribución y comercialización del gas doméstico en todo el territorio nacional”.
Reiteró que “la distribución y comercialización del gas doméstico, del agua y de la luz son la pesadilla de los sectores populares en Venezuela y en general son servicios ineficientes en toda Venezuela. Es por eso que hoy desde el Ministerio Público queremos que se abra una investigación exhaustiva que se determinen las responsabilidades de Rafael Ramírez presidente de PDVSA y de toda su directiva”, dijo España.
Afirmó que desde PDVSA existe una mafia para revender la bombona gas en los sectores populares con sobreprecio, que son los que más utilizan este servicio, “para que una madre venezolana o una ama de casa, que habite en un sector popular y que adquiera una bombona de Gas, tiene que cancelar aproximadamente 150 bolívares para que este servicio llegue a su casa, cuando el precio real de la bombona de gas es de 3 bolívares con 70 céntimos”.
Ratificó que el Ministerio Público debe determinar las responsabilidades pertinentes y rendir cuenta a Venezuela por la ineficiencia en las prestaciones de los servicios públicos.
Por su parte el Concejal del municipio Libertador y dirigente de Primero Justicia, Jorge Millán aseguró que ha visitado los sectores populares del país y ha denunciado en reiteradas oportunidades las problemática que estos presentan.
Manifestó que “hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades y por eso estamos hoy en la Fiscalía General a ver si se abre una investigación, y averiguar quién está avalando que haya sobreprecio en el gas de bombona y porque ese gas no llega a los sectores populares con los sistema de distribución, donde camiones llevaban el gas a los sectores populares y allí se vendían a su precio”.
Millán hizo un llamado también a la superintendente de Precios Justos, Andreina Tarazón para que se acerque a los sectores populares y verifique “quien es que tiene el guiso del sobreprecio de las bombonas de gas”
Finalizó su intervención manifestando que desde Primero Justicia “exigimos que se tomen carta en el asunto, no es posible que Venezuela sea un país petrolero y los venezolanos tengan que pagar 105 bolívares para adquirir una bombona de gas”.