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Las autoridades presentaron ayer en tribunales a los dos centenares de jóvenes que fueron detenidos durante el desmantelamiento de cuatro campamentos opositores, lo que desató protestas callejeras en Caracas que dejaron un policía muerto este jueves, reseña La Verdad.
Los detenidos, que permanecían recluidos desde el jueves en las sedes del Comando Regional de Operaciones Número 5, de la Policía Nacional Bolivariana en Catia y de la Guardia del Pueblo en Mariperez, fueron trasladados ayer a las 5.40 de la tarde a los tribunales.
Varios centenares de militares y policías nacionales arrestaron el jueves a 243 jóvenes que pernoctaban en cuatro campamentos en el este de la ciudad, pero ese mismo día fueron liberadas 16 personas de las cuales 12 son adolescentes y cuatro padecen discapacidad auditiva, informó Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, en su cuenta de Twitter.
Hasta el cierre de esta edición se desconocían la cantidad de jóvenes que quedaron en libertad tras la audiencia de presentación y los cargos por los que serían imputados.
Elenis Rodríguez, abogada de la ONG Fundeci que defiende a los detenidos, adelantó que el proceso sería largo. “Son más de 200 personas, yo me imagino que vamos a pasar tres días aquí (en los tribunales). Si con 40 personas hemos salido a las 6.00 de la mañana, no sé cuantos días vamos a pasar aquí, pero vamos a estar firmes hasta la hora que sea hasta lograr la libertad”.
Nely Areas, una de los abogados de los detenidos, indicó ayer en la tarde que las autoridades no habían permitido a los defensores y familiares ver a los jóvenes arrestados ni revisar los expedientes de los casos. La información también la confirmó Liliana Camejo, representante del Foro Penal Venezolano.
Derechos garantizados
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, afirmó el viernes que los funcionarios del Ministerio Público le garantizaron los derechos a los detenidos al realizarles los reconocimientos médicos y asegurarle el acceso a los alimentos, los familiares y sus abogados.
Ortega Díaz expresó, durante su programa “Justicia y Valores” que transmite la emisora local Unión Radio, que las autoridades civiles y militares realizaron evaluaciones siquiátricas y de orientación a 190 detenidos, de los cuales 49 resultaron “positivos” al consumo de drogas.
La funcionaria dijo, en un comunicado de prensa, que en los cuatro campamentos opositores fueron incautadas dos escopetas y dos armas cortas, porciones de drogas, granadas de gas lacrimógeno, explosivos de bajo poder conocidos como “niples”, pólvora, envases con gasolinas, máscaras antigases, escudos, medicinas, fuegos y dinero en efectivo.
Arresto sin orden
Marino Alvarado, coordinador general de la organización no gubernamental local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmó que en el caso de los 243 detenidos “ninguna de las condiciones” que establece la constitución se cumplió debido a que los jóvenes que estaban en los campamentos “no estaban haciendo ninguna actividad que pudiera considerarse delito” y los arrestos se hicieron “sin que existiera alguna orden judicial que ordenara la detención”.
“Todas las detenciones realizadas son inconstitucionales y arbitrarias en su totalidad”, dijo Alvarado a AP al asegurar que los jóvenes arrestados deberían ser liberados luego de su presentación en tribunales.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre las denuncias de que no se habrían cumplido los procedimientos legales durante los arrestos.