La organización International Crisis Group (ICG) sostiene que la ONU debe tener cabida en los esfuerzos para dar con una salida negociada a la crisis venezolana, que si se agrava, puede tener consecuencias graves para toda la región y especialmente para Cuba y Colombia.
En declaraciones a Efe con motivo de la publicación del informe “Venezuela: punto de quiebre”, el director para la región latinoamericana de ICG, el peruano Javier Ciurlizza, expuso su preocupación por la situación en ese país caribeño, cuya estabilidad, según dice, “pende de un hilo muy delicado”.
En el informe, de 22 páginas, ICG advierte de que no hay tiempo que perder para hallar una solución a la crisis, y evitar así tanto un mayor deterioro socio-económico como una escalada de la violencia, y considera imprescindible la participación de la comunidad internacional, pues ni el Gobierno ni la oposición de Venezuela pueden, a su juicio, encontrarla solos.
Al respecto propone incorporar de alguna manera a la ONU al diálogo “por ahora frágil” entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que se lleva a cabo desde abril con la intermediación de Unasur y el Vaticano y que avanza “muy lentamente”.
Ciurlizza opinó que la ONU puede ayudar a “destrabar el proceso, con asesoría técnica y apoyo político, y también en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos” que se lleguen a alcanzar.
El informe menciona que el hecho de que Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) carezca de una estructura organizativa “clara” y la división de opiniones existente entre sus miembros acerca del proceso político venezolano son obstáculos para la labor de mediación que realiza junto al Vaticano.
ICG plantea la posibilidad de que la ONU diseñe “una agenda aceptable, una metodología clara para la toma de decisiones y un calendario razonable” para el diálogo.
Mientras tanto, es necesario, dice la organización, que “tanto Unasur como los países con influencia sigan llamando al diálogo en los términos más firmes y recordando a todos los implicados la necesidad de respetar la ley y los derechos humanos”.
Los actores internacionales están “cada vez más preocupados, y con buenas razones para ello”, por la posibilidad de que si no se logra resolver definitivamente, o en su defecto contener la crisis, se produzcan “graves consecuencias a escala regional”, agrega.
Ciurlizza identificó a Cuba y Colombia como los países que pueden resultar más afectados; el primero porque podría truncarse el incipiente proceso de reformas si cae el apoyo económico venezolano y el segundo por el papel de Venezuela en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC que se desarrolla en La Habana.
“Una inestabilidad mayor en Venezuela podría hacer pensar a las FARC y el ELN (otra guerrilla colombiana) que no van a tener garantías para la implementación de los acuerdos” que se logren con el Gobierno de Colombia, señaló.
Refiriéndose a Cuba, Ciurlizza exclamó que “¡ojalá que sea una fuerza estabilizadora!” en Venezuela.
En el informe se señala: “los cubanos desempeñan un rol estratégico como consejeros políticos y técnicos del régimen de Nicolás Maduro y, por tanto, potencialmente poseen el nivel para persuadir a Caracas de que un arreglo pacífico de la disputa es en favor de sus intereses (y de los de Cuba también)”.
A Brasil se le atribuye un papel similar al que podría tener Cuba y se destaca que el Gobierno de Dilma Rousseff “parece estar de acuerdo con otros observadores externos en que la crisis (en Venezuela) no puede tratarse solamente como un asunto nacional”.
El informe también llama a los gobiernos con influencia en la oposición y expresamente a EE.UU. y Canadá a enviar un mensaje claro de que “solo son aceptables las formas pacíficas y constitucionales de disidencia”.
ICG menciona que es particularmente importante seguir esa recomendación debido a las “serias discrepancias” existentes en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática.
También existen facciones dentro del chavismo, según el informe, y en ambas partes el liderazgo está “fragmentado”, pero ese hecho es menos visible del lado del Gobierno, porque es “menos transparente”, dice ICG.
Sobre la responsabilidad de la violencia, que ha dejado más de 40 muertos desde febrero y de la que se culpan mutuamente ambas partes, ICG concluye que, de acuerdo con sus investigaciones y las de organizaciones de derechos humanos, hay “abundante evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a civiles pro-gobierno con las muertes y heridas” infligidas en las protestas.
Para ICG, “no está claro que alguien de la oposición haya usado armas de fuego en las protestas. En cualquier caso, la evidencia es débil. Las únicas muertes que parecen ligadas claramente a los manifestantes son las relacionadas con accidentes ocasionados por las barricadas, incluido el uso de alambradas y otros obstáculos”.
Ciurlizza subrayó por último que para reactivar el diálogo es necesaria “la liberación lo más pronto posible y sin condiciones de los presos políticos y de los estudiantes detenidos” en las protestas callejeras que han agudizado la polarización de Venezuela. EFE