El Tribunal correspondiente decidió hoy aplazar hasta noviembre el juicio a 13 campesinos acusados por una masacre ocurrida hace dos años en donde murieron 11 de sus amigos y familiares y 6 policías, y que causó una semana más tarde la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo. EFE
Uno de los abogados defensores de los labriegos, Vicente Morales, informó a Efe que el juicio previsto para el 26 de este mes fue trasladado hasta el 17 de noviembre, después de que ellos pidieran su suspensión.
“Solicitamos la suspensión y el cambio de sede a Asunción. El Tribunal consultó al fiscal Jalil Rachid, quien se opuso a ambas cosas, pero nos concedió la suspensión porque no puede celebrarse sin que se resuelva primero la disputa entre el Estado y la empresa Campos Morombí por la titularidad del terreno”, dijo Morales.
Trece campesinos, diez de ellos acusados de intento de homicidio de los policías, enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que no hay imputados por la muerte de los once labriegos.
El hecho ocurrió hace dos años durante una ocupación de tierras en la localidad de Curuguaty, y desencadenó la destitución de Lugo una semana más tarde, considerado “culpable de mal desempeño de sus funciones” en un controvertido juicio político del que ayer se cumplieron dos años.
“No se puede llevar a juicio a nuestros defendidos, por el hecho punible de invasión, sin aclarar a quien pertenecen las tierras supuestamente invadidas”, dijo a Efe el otro abogado defensor, Guillermo Ferreiro.
El terreno, unas 2.000 hectáreas, está en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del Partido Colorado, formación que gobernó Paraguay durante unas seis décadas y volvió al poder en 2013 con el empresario Horacio Cartes como presidente.
Según el Tribunal, el juicio oral y público se celebrará en la ciudad de Salto del Guairá, situada en el departamento de Canindeyú, a unos 400 kilómetros de Asunción.
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012, cuando unos 30 campesinos ocuparon unas tierras en Curuguaty afirmando que pertenecían al Estado y reclamando su inclusión dentro del reparto del programa de reforma agraria.
La ocupación fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron las muertes.
Según el abogado Morales, el juicio al que pretenden someter a los acusados “se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas la ocultación de pruebas”.
En una entrevista concedida en abril a Efe, el fiscal del caso, Jalil Rachid, argumentó que el delito de “tentativa de homicidio” sanciona “la conducta” y agregó que los campesinos prepararon el enfrentamiento.
En cuanto al hecho de que no hay ningún imputado por la muerte de los once campesinos, el fiscal se limitó a contestar que “los policías reaccionaron ante un ataque”.
Rachid ha negado la desaparición de evidencias, aunque sí reconoció que algunas de esas pruebas fueron recogidas y “manipuladas” por terceros en el lugar de los hechos, en vez de por la Policía.
En dos entrevistas concedidas a Efe la semana pasada, tanto el expresidente Lugo, como su sucesor en el cargo, Federico Franco, aseguraron que las tierras de la masacre “son del Estado”.
Franco dijo que el enfrentamiento fue “fraguado” y “preparado”, y Lugo lo consideró “un escenario montado” dentro de una “conspiración política” para terminar con su mandato.