“Nuestras investigaciones indican que a partir del 12 de febrero de 2014, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y también contra transeúntes”, denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según enumeró HRW, la represión del chavismo incluyó “brutales golpizas, disparos de armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud y disparos de perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades”. “Estas violaciones de derechos humanos formaron parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, reprendió la ONG con sede en Washington.
Además, la organización aseguró que los miembros de las fuerzas de seguridad atacaron “deliberadamente” a periodistas y otras personas que intentaron fotografiar o filmar la represión de los manifestantes. También los acusó de permitir que pandillas armadas partidarias del gobierno de Nicolás Maduro “atacaran impunemente” a los participantes de las marchas antigubernamentales.
El comunicado, que fue difundido este lunes, señala que fue constatada “una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez”. “Tales abusos incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura“, remarcó HRW.
Por tal motivo, la ONG instó públicamente a los diferentes gobiernos a pedirle a Maduro que respete los derechos de los venezolanos. “Deberían exhortar a Venezuela a llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, abandonar toda retórica que fomente la violencia contra manifestantes y periodistas, y adoptar medidas para restablecer la independencia del Poder Judicial, empezando por el Tribunal Supremo”, pidió la ONG.
Las protestas contra el gobierno de Maduro comenzaron en febrero de este año y se mantienen hasta la actualidad, aunque con picos de mayor o menor intensidad. Por la represión y los enfrentamientos, han muerto 43 personas, mientras que cientos resultaron heridos y otros centenares fueron detenidos.