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El exdirector del Hospital J.M. de los Ríos, doctor Huníades Urbina Medina, en colaboración con el Frente Anticorrupción de Voluntad Popular, denunció este martes su destitución arbitraria de la jefatura del servicio de urgencias de este centro de salud mediante una jubilación forzosa. Repudió que en esta misma situación se encuentran diversos galenos que han decidido alzar su voz ante las múltiples irregularidades que suceden en la red de salud pública.
Urbina recalcó que con esta medida quienes resultan perjudicados en primera instancia son los pacientes, que no solo se ven afectados por el mal servicio, la escasez de insumos y material médico quirúrgico, las pésimas condiciones de la infraestructura de los hospitales, sino también por el déficit de profesionales de la salud.
“Por haber denunciado, en múltiples ocasiones, todas las irregularidades que pasan en el hospital donde trabajo ante las autoridades de este centro y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sorpresivamente, en menos de 48 horas, me entregaron mi jubilación sin concertación previa. Hoy soy la cara visible de cientos de miles de médicos que están siendo castigados por decir la verdad, por enfrentarse a unos directores y a un ministerio que está siendo ineficiente en la administración de las políticas de salud que este gobierno no ha sabido llevar. María Cabrera, jefa de laboratorio y presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, también fue destituida con la excusa de que no puede ocupar dos cargos al mismo tiempo”, dijo.
Urbina destacó que entre las diversas denuncias formuladas se encuentra el suministro de medicamentos y tubos de ensayo vencidos. Agregó que los insumos llegan de manera escasa y a destiempo, de igual forma indicó que no existe un control de los mismos ya que el Hospital J.M. de los Ríos solo debe recibir insumos y medicamentos pediátricos.
“La Ley de Contraloría impide comprar medicamentos con menos de un año de vencimiento. Hay déficit en el servicio de hematología, nefrología y oncología, hay hacinamiento, falta de personal, falta de camas y pese a estas limitaciones seguimos ofreciendo servicio”, subrayó.
Por su parte Ismael León, dirigente nacional de Voluntad Popular junto al doctor Guillermo Seijas, coordinador de la salud del Movimiento Gremios de la tolda naranja, agregó que próximamente acudirán ante la Defensoría del Pueblo para exigir amparo ante este esta serie de atropellos que van en detrimento a la asistencia sanitaria de los niños, niñas y adolescentes, así como del personal médico.
En otro orden, León informó que fue citado por la fiscal 21 Angélica Barreto Ruza este jueves 17 de julio a las 8:30 am en condición de denunciante a los fines de que realice una ampliación de su denuncia formulada ante el Ministerio Publico con relación al caso Giordani. Prensa Voluntad Popular