La presidenta del gremio de las escuelas privadas, María Teresa Curiel, criticó que el Gobierno le aplicará la Ley de Precios Justos al sector, así lo informó El Tiempo
Andreína Vargas
La Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep) no cantó victoria tras la resolución -publicada en la Gaceta Oficial 40.452- que dejó en manos de los padres y representantes la fijación del monto de la matrícula y la mensualidad de los planteles.
El primer análisis del texto legal lo ventiló la presidenta del gremio, María Teresa Curiel. Advirtió que más que un avance, la resolución establece una metodología para tasar el servicio educativo que condena a bajar la calidad de la educación privada.
Explicó que el Gobierno decidió aplicar los criterios de la Ley Orgánica de Precios Justos a los colegios, al establecer que el estudio económico y el presupuesto debe presentarse en un formato que reconoce hasta un tope de 12,5% de lo que denominan gastos previos, entre los que incluyen los sueldos de personal no docente, becas y comedores estudiantiles, alquileres, seguros, entre otros.
“La estructura es la misma que le pusieron al sector comercial”, criticó al recordar que la citada normativa impuso que en los gastos de las empresas, los costos indirectos no pueden superar 12,5%.
“¿Quién va a cubrir esos costos? por ejemplo el psicopedagogo, el psicólogo, actividades extra curriculares como música, o el gasto de un daño de infraestructura en la mitad del año escolar”, fustigó al advertir que el efecto de la resolución en el corto plazo es la caída de la calidad del servicio educativo, ya que no podrán cubrirse los costos que no contempla el formato oficial.
Oferta engañosa
Aunado a la incapacidad financiera para responder a la oferta educativa hasta ahora ofrecida por cada plantel, la presidenta de Cavep cree que la facultad entregada a los padres de fijar el precio del servicio educativo es más una oferta engañosa que una realidad.
Refiere que el Gobierno estipuló que entre el 14 julio y el 1° de septiembre (artículo 8) la Asamblea Escolar conformada por los padres debe ser convocada hasta lograr un quórum de la mitad más uno, pero aclaró que el lapso fijado coincide con las vacaciones escolares.
“Se fijó un plazo donde el ausentismo de los padres será muy alto, para que se active el parágrafo único que entrega al Gobierno la fijación del monto de la matrícula, cuando no se alcance el quórum”.
Curiel lamentó además que la norma fuera publicada luego de que la mayoría de los colegios aprobó el ajuste anual, ya que este procedimiento es desconocido por la resolución. El alza de la matrícula osciló entre 40% y 57%.
Adelantó que las escuelas están comenzando a vaciar sus estructuras de costos en el formato diseñado por el Ejecutivo para determinar el impacto que tendrá la regulación.
Detalló que tras este ejercicio, serán anunciadas las medidas que tomará el gremio, pero avizoró que “va a llegar un momento en que al igual que un alimento, no habrá colegios con las características buscadas por los padres”.
La visión del ministro de Educación, Héctor Rodríguez es contraria.
Se mostró optimista con la norma, al destacar que los padres analizarán y validarán las estructura de costos, además que podrán recurrir a su despacho o la Superintendencia de Precios Justos, en caso de incumplimiento por parte de las escuelas.