Argentina afronta en Nueva York una dura negociación con fondos de inversión litigantes, bajo la presión de que el tiempo para hallar una solución antes de caer en una suspensión de pagos técnica se le escurre entre los dedos.
Natalia Kidd/EFE
La dificultad para llegar a un acuerdo es tal que el propio juez del caso, Thomas Griesa, admitió este martes que, sin una solución antes del día 30, Argentina entraría en “default” (suspensión de pagos) y “eso sería muy desafortunado”.
Una nueva cita convocada por Griesa para hoy busca que las partes encuentren algún punto de acuerdo, lo que hasta ahora parece complicado, ya que tanto Argentina como los fondos se muestran inflexibles en sus posiciones.
Los querellantes, que le reclaman al país suramericano el pago de bonos en mora desde 2001 por 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, tienen una sentencia a favor y el Gobierno de Cristina Fernández ya no tiene instancias de apelación.
Argentina argumenta que no puede pagarle a los litigantes en un solo pago y sin quitas, pues de ese modo incumpliría cláusulas firmadas con los acreedores de su deuda que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Si no respeta esa cláusula y le paga a los querellantes con mejores condiciones, los acreedores de la deuda reestructurada podrían emprender acciones legales contra Argentina, un riesgo que el país no quiere correr.
La cláusula caduca a finales de este año, por lo que Argentina está dispuesta a pagar a los demandantes, pero recién el año próximo, algo que de momento rechazan los fondos.
Los querellantes han pedido a Griesa que embargue los fondos que el país sudamericano ha girado para afrontar el 30 de junio pasado un compromiso de deuda con los acreedores que aceptaron las reestructuraciones.
Esos fondos se encuentran inmovilizados y si Argentina no logra hacer efectivo el pago antes del próximo día 30 se le considerará técnicamente en suspensión de pagos.
El Gobierno de Fernández solicitó este lunes nuevamente una medida cautelar para concretar el pago de su compromiso financiero, pero Griesa se lo denegó.
El panorama para esta negociación es incierto y el propio abogado que representa Argentina, Jonathan Blackman, admitió en una audiencia celebrada este martes en Nueva York que “es imposible” alcanzar un entendimiento antes del día 30.
Para el economista Germán Fermo, de la consultora MacroFinance, si los treinta días de gracia que tiene Argentina para regularizar su pago pasan sin llegar a un acuerdo con los litigantes, “la primera consecuencia que va a tener un default es que va a subir el índice de riesgo país”.
“Los bonos van a cotizar con tasas internas de retorno mucho más altas que las actuales. Eso va a implicar un encarecimiento de la tasa de endeudamiento para el sector privado, en un país que tiene poca generación de dólares. Complicaría la coyuntura actual”, afirmó Fermo.
Para el expresidente del Banco Central argentino Mario Blejer, si cayera en un nuevo cese de pagos, la nación suramericana “no podría volver al mercado de capitales para conseguir crédito a una tasa razonable y se vería afectada la reputación del país al momento de buscar créditos e inversiones externas”. EFE