Estados Unidos negó visas de viaje a un “número de funcionarios” venezolanos a los que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado, informó AFP.
“El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos”, dijo en un comunicado la portavoz Marie Harf.
“Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos”, dijo Harf, indicando que Washington no publicará los nombres de los afectados.
Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
Según Estados Unidos, el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con “detenciones arbitrarias” y “uso excesivo de la fuerza”, y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.
El gobierno estadounidense reiteró que las restricciones están dirigidas a funcionarios específicos y no afectan a la población venezolana.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó a fines de mayo una ley que determina que el gobierno del presidente Barack Obama congele bienes y restrinja visas contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones recientes.
El Senado estudia una ley similar.
Pero el Ejecutivo reiteradamente se había distanciado de esa opción, señalando que no era necesaria ni oportuna y prefiriendo un diálogo político en Venezuela.
Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010.
A pesar de la tensa relación bilateral, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que a su vez importa miles de productos de ese país, reseñó AFP.
La agencia Reuters destacó que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles que restringirá el ingreso a su territorio de varios funcionarios venezolanos que, aseguró, estuvieron involucrados en abusos a los derechos humanos durante los meses de protestas antigubernamentales que sacudieron al país sudamericano.
Desde febrero miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y las principales ciudades del país petrolero para protestar por la alta inflación, la persistente delincuencia y la escasez de bienes básicos.
Con el correr de las semanas las protestas se tornaron violentas y, hasta abril, dejaron 43 fallecidos y centenares de heridos, muchos de ellos, a balazos durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf, dijo el miércoles que los manifestantes -estudiantes en su mayoría- fueron objeto de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e intimidación judicial, haciendo eco de declaraciones similares de la oposición y diversas ONG.
“Aunque no identificaremos públicamente a estos individuos por la confidencialidad de los registros de visas, nuestro mensaje es claro: aquellos que cometan estos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos”, dijo Harf en un comunicado.
Horas más tarde, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, dijo que su país no había sido informado de la medida estadounidense y que, de llegar, las “evaluarán”.
“Entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estado como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando”, dijo Jaua en rueda de prensa.
“Bienvenida sea su furia si lo que se le intenta cobrar a Venezuela es el papel por luchar por una América Latina unida, de desarrollo, sin pobreza, estable, territorio de paz”, agregó.
“Nosotros no presionamos a nadie”
La medida del Departamento de Estado llega en momentos en que ambos Gobiernos volvieron a chocar por la liberación de un ex funcionario venezolano en Aruba que Estados Unidos quiere juzgar por acusaciones de narcotráfico.
En la víspera, el país del norte acusó a Venezuela de usar presiones económicas para que Holanda no extradite al militar venezolano Hugo Carvajal quien, finalmente, llegó a su país el domingo, desde Aruba.
Sin embargo, Jaua negó esas acusaciones el miércoles.
“Nosotros no somos como Estados Unidos, nosotros no presionamos a nadie, no chantajeamos a nadie”, dijo. “Ese tipo de acciones es, como dijera El Quijote, señal de que avanzamos. Los perros ladran si seguimos avanzando”.
Políticos opositores en Venezuela y el Gobierno estadounidense dicen que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar entre 2004 y 2008, es responsable de años de complicidad del Estado con el comercio ilícito de drogas y ayuda a las guerrillas colombianas.
Carvajal, que desempeñó su cargo bajo durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, ha negado las acusaciones.
Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde el 2008 luego de que Chávez echó al diplomático estadounidense en Caracas en solidaridad con Bolivia que hizo lo mismo unos días antes. En represalia, Estados Unidos también retiró al embajador venezolano en su país.
Y, desde que asumió como sucesor de Chávez, el presidente Nicolás Maduro ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses acusándolos de fomentar a la violencia y actos de sabotaje.
Comunicado
Restricciones de Visas Para los Violadores de los Derechos Humanos en Venezuela
30 de julio, 2014
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Declaración de Marie Harf, Portavoz adjunta.
En los últimos meses, Venezuela ha sido testigo de protestas a gran escala por manifestantes preocupados por el deterioro de condiciones económicas, sociales y políticas. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del gobierno han respondido a estas protestas con detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza. Hemos visto esfuerzos repetidos para reprimir la expresión legítima a la disidencia a través de intimidación judicial, para limitar la libertad de prensa, y para silenciar a los miembros de la oposición política.
Tomando esto en cuenta, y de conformidad con la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Secretario de Estado ha decidido imponer restricciones de viaje a los Estados Unidos sobre ciertos funcionarios del gobierno venezolano que han sido responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos.
Con este paso, subrayamos nuestro compromiso en hacer responder por sus acciones a las personas culpables de abusos contra los derechos humanos. Si bien no vamos a identificar públicamente a estas personas debido a la confidencialidad sobre la información de visas, nuestro mensaje es claro: los que cometen este tipo de abusos no serán bienvenidos a los Estados Unidos.
Destacamos que la acción que estamos anunciando hoy es específica y focalizada, es dirigida a los individuos responsables de violaciones de derechos humanos y no a la nación venezolana ni a su pueblo.
Visa Restrictions Against Human Rights Abusers in Venezuela
Deputy Department Spokesperson, Office of the Spokesperson
Venezuela in recent months has witnessed large-scale protests by demonstrators concerned about deteriorating economic, social, and political conditions. Government security forces have responded to these protests in many instances with arbitrary detentions and excessive use of force. We have seen repeated efforts to repress legitimate expression of dissent through judicial intimidation, to limit freedom of the press, and to silence members of the political opposition.
Taking this into consideration and pursuant to Section 212(a)(3)(C) of the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has decided to impose restrictions on travel to the United States by a number of Venezuelan government officials who have been responsible for or complicit in such human rights abuses.
With this step we underscore our commitment to holding accountable individuals who commit human rights abuses. While we will not publicly identify these individuals because of visa record confidentiality, our message is clear: those who commit such abuses will not be welcome in the United States.
We emphasize the action we are announcing today is specific and targeted, directed at individuals responsible for human rights violations and not at the Venezuelan nation or its people.