Lograr el desalojo de una propiedad alquilada resulta una misión casi imposible en Venezuela, ante la existencia de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, que inclina la balanza únicamente en favor de los inquilinos. laverdad.com / Daniela García
Nancy Castillo, madre de trillizos de cinco años, asiste desde hace un lustro a los tribunales y el Ministerio de Vivienda y Hábitat para solicitar el desalojo de un apartamento que entregó en alquiler con opción a compra en 2008.
Sus arrendatarios incumplieron el acuerdo de compra y desde hace cinco años dejaron de pagar su canon y el condominio del inmueble.
“Tengo un apartamento, declarado como vivienda principal, y no puedo vivir allí. Mientras tanto pago un alquiler bastante alto en otro lugar,donde resido con mis tres hijos”.
Explica que logró varias órdenes de desocupación, pero ninguna se concretó, debido a que los inquilinos alegaron no tener dónde vivir, pues el Ministerio de Vivienda y Hábitat carece de refugios para ubicarlos.
“Me dan órdenes de desalojo para tres meses, pero las personas se niegan a irse. Siempre les dan tres meses más. Finalmente la medida nunca se concreta. Somos muchos los que tenemos este problema”.
“Cuando pensábamos que el tribunal iba a hacer la desocupación, se verificó si el refugio que le habían asignado a la familia estaba disponible, pero como no lo estaba y no había ningún otro, la decisión no se ejecutó”.
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