El mayor escándalo financiero de la historia reciente de Portugal, el que ha llevado a la descomposición del Banco Espírito Santo (BES), uno de los principales del país, ha puesto al gobernador del Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, en el punto de mira.
Antonio Torres del Cerro/EFE
Costa, nacido en 1949 en la pequeña localidad norteña de Oliveira de Azeméis, enfrenta el más difícil desafío desde que asumió las riendas del regulador bancario en 2010, una agitada fase que incluyó el rescate financiero a Portugal en mayo del 2011, y los flecos de la quiebra del Banco Portugués de Negocios (BPN) en noviembre de 2008.
La demora del BdP en atajar el descalabro del BES, arrastrado por el complejo conglomerado empresarial y financiero al que pertenecía, y la decisión de inyectar 4.900 millones de euros procedentes del dinero prestado por la ‘troika’ centran las críticas dirigidas a Costa.
La izquierda y los propios clientes del antiguo BES, que ahora quedó dividido en dos, -el “Novo Banco” (con activos saludables del BES) y el “Banco Malo” con activos tóxicos-, son los que más cuestionan el papel de los organismos de regulación, entre los que también se incluye la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).
La Asociación de Clientes Bancarios (ABESD) ya anunció que sopesa pedir responsabilidades a los reguladores por las pérdidas, especialmente de los pequeños accionistas que pasan a integrar el “Banco Malo” y que cuentan con remotas posibilidades de recuperar sus inversiones.
Sin embargo, para el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha) la solución a la crisis del BES anunciada por el gobernador del BdP es “innovadora” y adecuada para evitar que los contribuyentes paguen la cuenta de la inyección de capital.
La fórmula elegida por el BdP “protege a las decenas de miles de empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas, que dependían del apoyo del entonces BES”, manifestó el portavoz del PSD, Marco António Costa.
Lo que está claro es que lo ocurrido en el BES ha puesto irremediablemente en el epicentro mediático a Carlos Costa, un economista de vasta experiencia en el sector bancario muy cercano al presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva.
Sus detractores le han llegado a comparar con su antecesor en el BdP, Vítor Constancio, hoy vicepresidente del BCE, a quien se le achacó no haber frenado durante su mandato la costosa quiebra del BPN, que dejó un agujero en las arcas portuguesas de unos 3.000 millones.
Y como la mejor defensa es un buen ataque, Costa acusa a la anterior gestión del BES de engordar las pérdidas del banco en 1.500 millones de euros, hasta los 3.600 millones, en solo los primeros quince días de julio, justo antes del cese de Ricardo Salgado.
Los anteriores gestores usaron “esquemas muy difíciles de detectar antes de entrar en ruptura”, sostuvo Costa, quien resaltó que, precisamente gracias a la actuación del BdP, “fue posible identificar el problema y contenerlo”.
La punta del iceberg fraudulento del grupo al que pertenecía el BES apenas fue detectada en septiembre del 2013 después de “una acción de inspección fuera del perímetro normal de supervisión” que incluía a empresas no financieras clientes de los bancos.
Finalmente, Carlos Costa acabó por adoptar la solución menos deseada en principio, una vez que la de un refuerzo de capital por privados cayese por tierra en las últimas semanas.
La línea de asistencia financiera de fondos públicos, ejecutada a través de un Fondo de Resolución, era la opción escogida cuando “todo se diese mal”, como el propio Costa reconoció en su comparecencia en el Parlamento luso el pasado 18 de julio.
“No tendrá ningún coste para el erario público ni para los contribuyentes”, ha insistido ahora el gobernador, quien espera reembolsar los 4.900 millones de la recapitalización con la futura venta del Novo Banco y las contribuciones al Fondo de Resolución del resto de los bancos lusos. EFE