Denuncias de abuso de poder y de violaciones a los derechos humanos siguen salpicando al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el día de la fecha, en Venezuela hay 2.452 jóvenes en libertad condicional sometidos a juicios, 15 de ellos con arresto domiciliario, 23 estudiantes siguen privados de su libertad y cerca de 100 detenidos, son las cifras que reveló la coordinadora de los Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzano, publica Infobae.
La vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo señaló además que el país atraviesa por el “momento más oscuro” en lo que a violación de derechos humanos respecta, según consigna El Universal.
El caso más resonante desde el inicio de las manifestaciones de estudiantes contra el régimen de Nicolás Maduro es la detención de Leopoldo López, ex líder de Voluntad Popular, quien permanece en prisión desde el pasado 18 de febrero y actualmente encara un proceso judicial acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.
Solórzano criticó el hecho de que la Defensoría no se haya pronunciado sobre el caso de Leopoldo, Enzo Scarano, Salvatore Luchensse y Daniel Ceballos, quienes también fueron apresados por las fuerzas de seguridad del chavismo.
En reiteradas ocasiones tanto familiares de los detenidos, como dirigentes del arco opositor, han denunciado que los detenidos fueron violentados por el cuerpo oficial. A su vez, el ex Líder de Voluntad Popular también se encuentra sometido a un aislamiento.
Además de la inacción de la Defensoría, la funcionaria de la MUD también repudió la actuación de la Fiscalía. “Es increíble que la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que no sé a quién defiende, pero al pueblo no es. En el país no hay una defensoría de presos, señora Ramírez a usted le corresponde defender los derechos de los presos, tanto de los comunes como de los de conciencia”.
Solórzano, en tanto, instó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a seguir los lineamientos de la imparcialidad y a cumplir sus funciones. “¡Qué cumpla con el código de ética del abogado, la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Código Procesal Penal, porque para eso fue nombrada en el cargo, que no ejerce. Tenemos un Sistema Judicial que no es imparcial, que lamentablemente cuenta con jueces que están dedicados exclusivamente a cumplir las órdenes políticas que usted señora Ortega Díaz emite”, apuntó.
La coordinadora de los DDHH de la MUD acusó a la fiscal de “no perseguir a los delincuentes, sino a los que pensamos diferentes”. Además, señaló que “va a dejar el cargo –en diciembre vence su período- con el lamentable record de 98.76 por ciento de impunidad”.