Los fondos buitres están de moda. Se habla de ellos de manera incesante en numerosos medios de comunicación de América Latina y más allá. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, no habla sino de la perversidad de los fondos buitres. Desde ambientes académicos, políticos y diplomáticos se reclaman regulaciones más exigentes de los mercados financieros en relación con los fondos buitres, a fin de que no pongan en riesgo los acuerdos de refinanciamiento de deuda pública y no precipiten, por tanto, el impago o default de las obligaciones externas de variados estados soberanos.
Los llamados fondos buitres que se dedican a especular y litigar con los títulos de deuda pública de los países en serios aprietos económicos, son, desde luego, una calamidad internacional. De eso no hay duda. La mala prensa y la mala percepción de los fondos buitres ha sido ganada de forma merecida. Pero de lo que no se habla mucho es de otro tipo de buitre, no ya específicamente financiero o bursátil sino de carácter estatal: los gobiernos buitres, o aquellos que se dedican a depredar los recursos públicos y privados de sus países, y muchas veces en nombre de la justicia o la igualdad o la soberanía.
Así, los fondos buitres le han caído encima a la Argentina, acaso de una manera no muy diferente a como también le han caído los gobiernos de los Kirchner, entre otros. Es un hecho notorio, público y comunicacional el enriquecimiento de la camarilla que gobierna a esa gran nación sureña. El tinglado de los negocios buitres trasciende sus fronteras y llega, con mucha palanca y muchas ganancias, a la Venezuela del llamado “socialismo de siglo XXI”. El viejo caso de los maletines parecería una nimiedad en comparación con los tejemanejes que denuncia la prensa argentina, y que algunos medios venezolanos le hacen seguimiento. En la Casa Rosada funciona un gobierno buitre, aunque una parte importante de los argentinos no lo vea así o no le importe.
¿Y qué decir, entonces, de Venezuela? O acaso nuestra patria no ha venido padeciendo un régimen buitre que, en tres lustros, ha recibido y despachado el equivalente de mil quinientos millardos de dólares en ingresos públicos, sin que esos caudales se hayan transformado en desarrollo sustentable y, por el contrario, más bien se hallan en gran medida despilfarrado en demagogias delirantes y en latrocinios siderales. Porque vamos a entendernos: una estafa cambiaria de 25 mil millones de dólares en un solo año fiscal, el 2012, tal y como lo denunció la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, puede llegar a ser el hecho de corrupción de mayores dimensiones en la historia de la corrupción del planeta tierra.
Y en el caso que nos ocupa, el régimen buitre que desgobierna a Venezuela, la referida estafa cambiaria del 2012 es una mera pieza en el aparatoso engranaje de la depredación roja. Si esto no configura la condición de gobierno buitre, nada lo podría hacer. Por lo tanto, cuando se denuncie o se reclame el proceder de los fondos buitres, no se debe ignorar el reclamo o la denuncia de los gobiernos buitres. Se parecen mucho en la teoría y en la práctica. Y hacen mucho daño, mientras sus detentadores se hacen billonarios.
Y la verdad sea dicha, los gobiernos buitres son peores que los fondos buitres. Porque éstos operan, al fin y al cabo, dentro de un entramado legal de carácter global que no pueden manejar a su antojo. Pero aquéllos, los gobiernos buitres, se proclaman soberanos para hacer y deshacer al interior de sus respectivos territorios. Y mientras los primeros son justamente condenados, los segundos se las arreglan para ser injustamente defendidos. Si se salen con la suya, los gobiernos buitres corroen el potencial de los países que dominan. Después de todo, los buitres viven de la carroña. ¿O no?