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Desde el pasado 12 de agosto, fecha en que se implementó la medida de restricciones horarias de la frontera colombo-venezolana, hasta este miércoles 27, el Ministerio Público ha logrado medidas privativas de libertad para 133 personas de 183 detenidos por presuntamente incurrir en delitos de contrabando de productos de la cesta básica, combustible y material estratégico, publica Panorama.
La restricción en el horario se aplica desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada.
Así lo dio a conocer la directora general contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil Trías, en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, en el que explicó que del resto de esas detenciones ocurridas en Apure, Táchira y Zulia, se dictaron 42 medidas cautelares, se otorgó libertad plena a una persona y faltan siete por presentar ante los respectivos tribunales de control.
Informó además, que a tempranas horas de este jueves 28 de agosto se logró la aprehensión de 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, quienes habrían habilitado una trocha, destruida recientemente, la cual estaría destinada al paso ilegal de vehículos hacia Colombia.
Cuatrocientos accesos ilegales, conocidos como trochas, fueron identificados en un tramo de 350 kilómetros de la frontera colombo-venezolana, luego de la activación el pasado 11 de agosto del Centro Binacional de Comando y Control frente al Contrabando en la frontera, en el Cuartel Bolívar de San Cristóbal.
La Fanb ha emprendido la inhabilitación de los llamados caminos verdes empleados en la fuga de alimentos, combustible y toda clase de productos destinados al mercado nacional.
Gil Trías explicó que este tipo de acciones responden a la lucha emprendida por el Estado venezolano y el Ministerio Público con el propósito de atacar el contrabando, flagelo que va en detrimento de la seguridad alimentaria y económica de todos los ciudadanos.
Es por ello que en un trabajo conjunto con la Coordinación de Delitos Fronterizos de la institución, se supervisan las actuaciones de los 44 fiscales nacionales y regionales que fueron comisionados para investigar estos casos.