La Fiscalía de Colombia anunció hoy que ha identificado los restos de dos de los once desaparecidos durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el ahora extinto movimiento guerrillero M-19 ocupó el edificio.
Las identificadas son Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes, presentadas por la Fiscalía como guerrilleras que fueron mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó este sangriento episodio de la historia reciente de Colombia.
Dicha Comisión se creó para establecer las circunstancias que rodearon la toma del Palacio de Justicia y su recuperación por parte del Ejército y la Policía, que dejó un saldo de 98 muertos, entre ellos once magistrados, y once desaparecidos.
Los restos de Molina y Garzón fueron exhumados de una fosa ubicada en el Cementerio del Sur, en Bogotá, y posteriormente identificados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), explicó hoy el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Las valoraciones científicas hechas a los restos arrojaron entre otros resultados que uno de los cuerpos registra, al parecer, un impacto de bala y además no presentan signos de incineración.
Ahora, el CTI busca determinar con base en el informe de la Comisión de la Verdad y testimonios de exfuncionarios del Palacio de Justicia “si estas personas salieron con vida de esas instalaciones” el 7 de noviembre de 1985, cuando el Gobierno logró recuperar la sede judicial a sangre y fuego, o si fallecieron dentro del edificio.
La Comisión de la Verdad, creada para investigar los hechos, concluyó en su informe final de 325 páginas presentado en 2009 que “todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín (grupo narcotraficante que dirigía Pablo Escobar) para el asalto al Palacio de Justicia” como parte de su guerra contra la extradición a Estados Unidos.
El Holocausto del Palacio de Justicia, como se le llama en el país, fue considerado por el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo) un crimen de lesa humanidad y por tanto las acciones judiciales no prescriben, y también fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). EFE