El Gobierno español recurrió este lunes ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre en la región de Cataluña, anunció el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
“Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución” y “contra los derechos de todos los españoles”, y es “abiertamente contraria” a la Carta Magna, dijo Rajoy en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó los dos recursos.
El jefe del Gobierno calificó la consulta, convocada el pasado sábado por el presidente catalán, Artur Mas, de “profundamente antidemocrática”, e insistió en que no se va a celebrar, algo que “(Mas) sabía desde el principio”.
“No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia”, ni “privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país”, agregó Rajoy.
El jefe del Gobierno ofreció “diálogo dentro de la ley” al presidente catalán, Artur Mas, a quien recordó: “Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo”.
La consulta, reiteró, va “en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar”.
El presidente se mostró dispuesto a reformar la Constitución, pero señaló que lo “prioritario hoy es defenderla” y que “se atienda y se cumpla lo que diga el Tribunal Constitucional”, que recibió hoy los dos recursos presentados por el Gobierno.
Ahora el pleno de ese Tribunal tiene que reunirse para decidir la admisión a trámite de los recursos, lo que supondrá la inmediata paralización de la Ley de consultas, aprobada el viernes por el Parlamento catalán como soporte legal al referendo, así como del decreto de convocatoria para el 9 de noviembre firmado el sábado por Artur Mas.
Rajoy destacó que mientras él sea presidente, la ley “se va a respetar en toda su integridad” y dijo que las leyes se pueden reformar pero “por cauces democráticos”.
También insistió en que, con la actual Carta Magna, el gobierno regional de Cataluña, “tiene las mayores competencias de su historia”.
Lo que no debería hacer “un gobernante responsable” es “buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad”, añadió.
En un dictamen sobre al convocatoria de referendo catalán, el Consejo de Estado considera que la cita a las urnas vulnera la Constitución al otorgar a los ciudadanos de Cataluña la capacidad de decidir sobre una cuestión -la unidad de la nación española- que está reservada al conjunto español.
Este órgano consultivo, conformado por juristas de prestigio y personalidades con experiencia de gobierno, sostiene que hay motivos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional la consulta catalana.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña (noreste), durante las elecciones regionales de 2012, y cuenta con el apoyo de otros partidos independentistas y organizaciones sociales. EFE