Los hechos criminales conocidos como la Masacre de Campo C, acaecidos la noche del 30 de mayo de 2008 en el estado Táchira, estuvo inmersa en una realidad que durante años o bien se ha tratado de ocultar o bien se utiliza con fines políticos, ambos casos implican un reconocimiento tácito del “paramilitarismo” como un fenómeno causante de profundos desórdenes estructurales respecto a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
Luego de 6 años de esos hechos que causaron conmoción a nivel nacional, el gobierno venezolano reconoce expresamente y sin corta pisas, a propósito del crimen del diputado oficialista Robert Serra, la existencia en el país de “paramilitarismo colombiano” (http://goo.gl/wvdanc, http://goo.gl/1YVIfE, de una “Guerra terrorista, terrorismo, violencia criminal, sicariato” (http://goo.gl/p9rC2Z, http://goo.gl/SNscno), de “grupos paramilitares” que estarían “detrás de este plan de violencia”, señalados con pronunciamientos que dan a extender que el paramilitarismo es un fenómeno que se extiende por toda Venezuela (http://goo.gl/iOd2kX), de “factores de terrorismo y paramilitarismo” (http://goo.gl/7CaJ1v) e “infiltración paramilitarista” (http://goo.gl/xSXbH5), realidad que se negaron a reconocer los juzgadores de los incriminados por los hechos criminales de Campo C, porque más que un juicio por la comisión del delito de homicidio fue la exculpación, por no decir desconocimiento de la existencia del grupo paramilitar conocido como “LOS PARACOS”, se hicieron de la vista gorda frente a los verdaderos autores de la masacre, quienes aún hoy parecieran actuar con total impunidad en territorio tachirense, como ha quedó demostrado con recientes trabajos de investigación realizados por la comunicadora social Miriam Bustos (http://goo.gl/gHZSDP), elevados este miércoles 1° de octubre de 2014 al conocimiento de los Magistrados YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ, DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ, HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES y PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, miembros de la Sala de Casación Penal, por FEDRA SUAREZ ESPIN y GABRIELA ISABEL MENDEZ SUAREZ, tía y prima de ÁNGEL RICARDO DELGADO SUAREZ, en el marco de la acción recursiva, Expediente N° 2014-94, que bajo el N° Caso AA30P2014000094 cursa por ante esa instancia, de la cual es Ponente el Magistrado Dr. HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES.
Vale destacar que dicha acción recursiva fue promovida por los ciudadanos que resultaron condenados en el proceso judicial derivado de la masacre de Campo C: ÁNGEL RICARDO DELGADO SUAREZ, EDUARDO RICHARD CAÑIZALES, JHOAN MANUEL CASTELLANOS CÁRDENAS, VÍCTOR ORLANDO CARRERO MORENO, JIMMY JACSON NIETO ORTEGA, DAVID JESÚS ZAPATA QUIROZ, JESÚS ALFONZO NIETO ORTEGA Y YUMAR ORLANDO SÁNCHEZ PALENCIA, 3 funcionarios policiales y 5 civiles, quienes“…buscan desde hace seis años es limpiar su nombre, y por supuesto recobrar plena libertad, y para ello se hace necesario que el poder judicial reconozca que se equivocó, que los utilizaron como chivos expiatorios cuando siempre se insistió en que la matanza la perpetró un grupo de paramilitares que operaba desde Rubio, y que el testimonio de “El Código” solo sirvió para castigar a unos responsables no, a los verdaderos responsables del hecho”.
En este caso, los hoy condenados demostraron a los Magistrados de la Sala de Casación Penal la ligereza con que actuaron sus juzgadores para atribuirles responsabilidad penal mediante un fraude procesal, al punto de dar lugar a un FALSO TESTIMONIO como eje de la máxima pena que les impusieron, 30 años de prisión, incurriendo en el delito previsto y sancionado en el Artículo 242 del Código Penal, empleando un FALSO TESTIGO, convertido en TESTIGO ESTRELLA, al mejor estilo del caso del fallecido DANILO ANDERSON, causa en la cual se comprobó que después de una confortable estada en el estado Yaracuy, en la residencia que sirve de sede principal al PSUV en la región, GIOVANNI VÁSQUEZ era un FALSO TESTIGO, como FALSO fue GIL ALBERTO CHACÓN USECHE, el TESTIGO ESTRELLA cuyo FALSO TESTIMONIO confinó a la cárcel a 8 ciudadanos que no han cesado de aportar elementos de convicción demostrativos de su inocencia, mientras el FALSO TESTIGO continuaría sus fechorías, “picando carros y motos” en Judibana, estado Falcón.
¿Sí los condenados por este caso son culpables, por qué el Ministerio Público se vio en la necesidad de recurrir a un FALSO TESTIGO? Peor aún, ¿sí son inocentes, por qué los juzgadores habrían cometido la torpeza de dar lugar a un FALSO TESTIMONIO para condenarlos?
¿Cómo se explicaría la actuación de operadores políticos en Barinas, relacionados con el dirigente del PSUV Leonardo Salcedo, “cuadrando una sentencia condenatoria”?
¿Cómo se explica que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas catalogados como “el bote de la amor” considerara sin lugar los recursos de apelación de la sentencia condenatoria, publicada con 1 año de tardanza, si las inconsistencias de la misma eran obvias?
¿Cómo entender que a los presuntos miembros del “grupo de delincuencia organizada” que cometieron “un asesinato calculado y premeditado”, los hoy condenados y en prisión, no se les encontró ningún elemento de convicción demostrativo de sus nexos o relación para actuar conjuntamente?
Todas las interrogantes sugeridas por este caso, desembocan inevitablemente en inconsecuencias e inconsistencias que han ameritado una segunda revisión del expediente por parte de los Magistrados de la Sala de Casación Penal, postergando una decisión anunciada para comienzos de agosto de este año, antes del receso judicial. Así las cosas, existe una duda razonable, equiparable a la incertidumbre que genera el reconocimiento del Gobierno de un fenómeno cuya expansión a lo largo y ancho del país se ha propiciado desde las altas esferas del poder. Ahora bien, otra cosa será el reconocimiento de los desmanes y atropellos judiciales producto del desconocimiento de la realidad que hoy dicen que atenta contra las bases de la mal llamada “revolución” (http://goo.gl/imt6od) ¡NO MÁS! Lo inocentes encarcelados por la Masacre de Campo C deben ser dejados en libertad, lo contrario sería aceptar que se ha favorecido la impunidad de los grupos paramilitares, que el gobierno supuestamente combatirá a partir de estos día (http://goo.gl/ob56iI).
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