El Observatorio de Derechos de Propiedad, promovido por Cedice Libertad y Liderazgo y Visión, denuncia las acciones del Gobierno contra las empresas Hermo, Clorox, Venoco y Suramericana de Soplados. Son acciones que claramente violan los derechos de propiedad contemplados en el artículo 115 de la Constitución Nacional. NP
En el caso de Hermo, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital ordenó a la Guardia Nacional la ocupación y paralización de su planta. La medida, ejecutada el viernes 3 de octubre, estaría sustentada en una denuncia por contaminación ambiental por emisión de gases de ácido sulfhídrico (H2S). Sin embargo, la fabricante de productos cárnicos argumenta que la medida “no tiene asideros jurídicos ni técnicos, pues nuestras emisiones siempre han estado en el rango permitido por las normas vigentes y en la actualidad están en cero”. Además, el juez de la causa no ha permitido que la empresa participe en el juicio que antecedió a esta decisión, violando el debido proceso. Hermo de Venezuela destaca que hace 12 meses introdujo ante el Ministerio del Ambiente una solicitud de adecuación de la planta de tratamiento, con un plan de inversiones superior a los 72 millones de bolívares, pero siguen a la espera de la aprobación.
En el segundo caso, los propietarios de la Corporación Clorox de Venezuela, fabricante de productos de limpieza y cuidado del hogar, anunciaron el pasado 22 de septiembre el cierre de sus operaciones en Venezuela por las continuas pérdidas en los últimos seis años originadas en las férreas regulaciones, control de precios e inestabilidad económica en el país. El Ejecutivo, incumpliendo con la Constitución, decretó una medida de ocupación temporal de dos de las plantas de Clorox, en el estado Carabobo, bajo el argumento de un supuesto “abandono” de sus dueños, tratando de ocultar la imposibilidad de la empresa privada de seguir funcionando a pérdida y sin margen de ganancia.
En el caso de Industrias Venoco, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la ocupación temporal inmediata de la empresa de manufactura y comercialización de aceites lubricantes y productos especiales de uso automotor, bajo la tesis de especulación y acaparamiento de mercancías. Cabe recordar que la compañía estaba intervenida por una junta de transición creada a partir del decreto de adquisición forzosa que recae sobre ella, presentado en 2010 a solicitud de PDVSA. En este hecho, se les negó el ingreso al propietario y gerentes a la empresa, lo que ha derivado en protestas por parte de los trabajadores.
En el cuarto caso, Suramericana de Soplados, encargada de la elaboración de tanques de combustible para vehículos, informó el 29 de septiembre el cese de sus operaciones, por las dificultades de producción, rentabilidad y sustentabilidad que le impiden cumplir los diversos compromisos adquiridos, así como las complicaciones experimentadas para acceder a divisas para la compra de materia prima. Esto coincide con el deterioro y la paralización de la industria de ensamblaje automotor nacional, a causa de las restricciones y controles.
La historia ha demostrado que la protección más importante que la ley brinda al ciudadano es la de su propiedad, factor decisivo para su libertad, independencia y prosperidad. Friedrich Hayek lo plantea claramente en su libro Camino de Servidumbre:
“El sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, no sólo para los propietarios, sino en el mismo grado para quienes no lo son. Es sólo porque el control de los medios de producción está dividido entre muchas personas que actúan en forma independiente, que nadie tiene el poder total sobre nosotros, que como individuos podemos decidir lo que hacemos”.
Estas palabras conforman una advertencia ante estos lamentables casos. Por una parte, las desacertadas políticas del Gobierno hicieron inviable las operaciones de las empresas mencionadas. Por la otra, de forma inconstitucional el Estado se apropió de sus activos, con lo que viola sus derechos de propiedad.
Las asociaciones civiles Cedice Libertad y Liderazgo y Visión promueven los principios de la libertad económica y el proyecto un País de Propietarios. Exigen el respeto, la garantía y la protección de la propiedad privada en Venezuela, así como al apego al Estado de Derecho y la normativa constitucional vigente, para garantizar el emprendimiento y la libre empresa como motores generadores de riqueza, calidad de vida y desarrollo económico en el país.