Desde la tarde-noche del sábado hasta el final de la jornada electoral el domingo, rige en Uruguay una “anticuada” norma que prohíbe comprar y expedir bebidas alcohólicas, una práctica que los ciudadanos asumen con naturalidad y que se saltan también con idéntica soltura.
“La norma está prevista en la ley electoral. Se prohíben los espectáculos públicos durante la votación y la venta de alcohol 24 horas antes del cierre de la votación. Es una vieja norma que se aplicó sistemáticamente para impedir el efecto que pueda tener en los electores el consumo” afirmó a Efe Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral.
La tajante orden, reconocida por las autoridades “si acaso como una reminiscencia” de otras épocas, se aplica con solemnidad aparente en supermercados y grandes almacenes, donde una pesada cortina o unas aparatosas cintas prohíben la entrada a la zona de las bebidas, y las cervezas se retiran de las neveras con oportunos carteles que advierten de la prohibición.
Sin embargo, en los pequeños colmados y tiendas de conveniencia de los barrios, la displicencia o abiertamente el desacato son la norma corriente, particularmente si el cliente es un vecino de toda la vida o un extranjero preguntón.
Del mismo modo, los bares y restaurantes, que también tienen prohibido servir bebidas alcohólicas, incumplen o planean incumplir notoriamente esta normativa, siempre “dentro de unos límites”.
“Hombre, si viene un grupo de turistas brasileños y me piden vino, pues sí se lo vendo. Sabemos de la norma, pero hay que tener sentido común”, indicó a Efe el responsable de un restaurante en la pudiente zona de Punta Carretas en Montevideo.
Ese es el sentimiento generalizado entre los encargados de aplicar la prohibición, quienes son finalmente los que deciden si a uno se le sirve alcohol o no se le sirve: con cierta medida y sin pasarse, se puede hacer la vista gorda.
Quizá esa laxitud en la aplicación se debe al escaso poder disuasorio que tiene la Corte Electoral, que solo puede avisar a la policía en caso de recibir denuncias por una violación flagrante de la norma y que no tiene poder para imponer sanciones.
“Efectivamente, si alguien denuncia una violación de la norma tiene que informar a la Corte y desde allí se pide a la policía que intervenga, cuya única misión debe ser impedir que se viole la norma, ya sea clausurando el local o simplemente decir que no se venda más alcohol”, indicó Penco.
En cualquier caso, el incumplimiento o no de esta ley “cuyo carácter es preventivo y que solo busca evitar situaciones de riesgo”, no parece que vaya a impedir que los uruguayos hagan lo que siempre hacen en las elecciones desde el retorno de la democracia: tener un comportamiento ejemplar.
A diferencia de otros países de la región donde también impera la “ley seca” en períodos electorales, Uruguay destaca por su escrupuloso respeto por la democracia y los uruguayos disfrutan en su inmensa mayoría de esta “fiesta cívica, con alcohol o sin él.
Así, los únicos incidentes que se registran durante la jornada electoral suelen girar en torno a mesas electorales que no pueden abrir porque su presidente se quedó dormido, falta de papeletas en algún distrito o los problemas climáticos, que este domingo parece que no se van a dar, ya que se espera un sol radiante.
Alvaro Mellizo/EFE