El gobierno venezolano reaccionó como suele hacerlo, de forma descontrolada y chillona ante las palabras que emitiera el Presidente del gobierno español a raíz de la visita privada que le hiciera la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori en la sede del Partido Popular (PP) en Madrid. El presidente Mariano Rajoy manifestó su preocupación por la democracia venezolana, y “la preocupación de la Unión Europea por el juicio de Leopoldo López, así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y el derecho de manifestarse pacíficamente en Venezuela”, según el comunicado que emitiera la oficina de prensa del Partido Popular.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señaló que con su acción Rajoy estaría estimulando y promoviendo una “agenda política de desestabilización” contra el país “al hacer declaraciones públicas emitiendo juicios de valor” respecto al ordenamiento jurídico, vida social y funcionamiento del Estado venezolano.
El gobierno español ha sido sumamente discreto y comedido ante la situación venezolana en los últimos 15 años. Un digno “porque no te callas” dicho por el Rey Juan Carlos al fallecido Hugo Chávez en su oportunidad, ante el lenguaje repetitivo y populachero, poco acorde con el lugar y motivo de la reunion en el cual fue pronunciada dicha frase, es de las pocas referencias que guardamos. Y digo esto porque españoles y descendientes de españoles, han sido víctimas como muchas personas de otras nacionalidades, de las arbitrariedades del gobierno “revolucionario” venezolano. El presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela ( FECEVE) Félix Alfonso Barbero, afirmó que más de 500 fábricas de españoles en todo el país, han sido expropiadas en la última década. Empresas que producían hasta el 60% de los alimentos que consumimos. Pequeños, medianos y grandes empresarios españoles han quedado arruinados, después de haberle dedicado toda su vida a contribuir con la economía y el desarrollo en Venezuela, según Barbero. El mejor ejemplo fue la expropiación de Agroisleña, empresa canaria expropiada por el gobierno de Chávez, que no sólo aprovisionaba el 70% de los suministros agrícolas que necesitaban los productores, sino que tenía además 8 silos, 60 sucursales y suministraba tecnología y agroquimicos, que también los asumió el gobierno para desgracia de todos los venezolanos.
Para nadie es noticia que tanto españoles que vinieron hace décadas a trabajar como sus hijos y nietos, se han ido de vuelta a España, a pesar de la crisis económica que este país ha tenido que palear los últimos años. Los españoles, sus descendientes, venezolanos todos, han preferido enfrentar el reto de construir una nueva vida en su madre patria, a enfrentar la crisis política venezolana, el totalitarismo que pretenden imponer y sus arbitrariedades, la inseguridad y la inestabilidad económica e institucional que ha socavado las bases democráticas de un país rico, lleno de gente pobre. El sistema de inmigración español ha reportado aproximadamente 200.000 venezolanos viviendo en España, de los cuales por lo menos 130.000 tendrían la nacionalidad española. Entre el 2009 y el 2011, 15 mil venezolanos habrían obtenido dicha nacionalidad, beneficiados por la llamada Ley de Nietos, según el cónsul general adjunto de España en Caracas para el 2012, Bernabé Aguilar Arigo. Son interminables las colas que desde tempranas horas de la madrugada se forman desde hace varios años en el consulado español en nuestra Capital, en su mayoría, de jóvenes que aspiran poder irse al país europeo a estudiar o trabajar, a tener la esperanza de una mejor calidad de vida y sobre todo un futuro, cosas que ya el Estado venezolano no puede garantizarle a nadie.
A raíz de las protestas de este año, entre febrero y mayo, Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó la detención de 30 personas que además de ser venezolanos, tienen nacionalidad española. Tres de ellos fueron salvajemente torturados. Juan Manuel Carrasco, hijo de malagueño, fue violado por los militares que lo detuvieron con un objeto metálico además de haber sido sufrido múltiples golpes en todo su cuerpo que provocaron que se desmayara en tres oportunidades durante las 50 horas en las que estuvo detenido de forma arbitraria. Ángel González de 19 años, estudiante, fue detenido el 12 de febrero por funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y hoy enfrenta juicio junto al lider del partido Voluntad Popular Leopoldo López. A Ángel lo arrodillaron junto a otros quince jóvenes detenidos por ese cuerpo policial ese día, manteniéndolo en esa posición durante horas, le pisaron los dedos y lo golpearon sin piedad además de rociarlo con gasolina y amenazarlo de muerte. Raul Ayala, de 23 años, nieto de gallegos, fue detenido el mismo 12 de febrero por la policía política SEBIN y llevado a su sede en el Helicoide, lugar donde le colocaron bolsas plásticas en la cabeza, le dieron golpes con palos por todo el cuerpo y descargas eléctricas en el cuello y brazos hasta hacerlo desfallecer, con el objetivo de obtener una confesión. Estos tres jóvenes declararon valientemente en el tribunal las terribles torturas a las que fueron sometidos por funcionarios de los Organismos de Seguridad del Estado.
Wilmer Carballo Amaya, hispano- venezolano de origen canario, murió el 24 de Febrero de un disparo en la cabeza, cuando salió al portal de su casa para observar como una banda de motorizados afectos al oficialismo llegaba a enfrentarse contra los vecinos que protestaban pacíficamente en su urbanización, en Cagüa, Estado Aragua. Wilmer paso a ser la víctima número 14 de las 45 personas que murieron a raíz de las protestas de éste año en Venezuela.
Los últimos días fue detenida por el Sebin Inés González Árraga, hispano-venezolana, luego de colocar unos mensajes en la red social tuiter haciendo referencia a la muerte del diputado oficialista Robert Serra. Inés fue imputada por instigación pública, ultraje a funcionario y ultraje violento.
Estas son sólo algunas las víctimas de las terribles violaciones de DDHH que se han cometido en el país este año, y que han sumado casi 3500 detenciones, más de 1900 personas con procesos penales abiertos, más de 600 denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 155 casos específicos de torturas documentadas y expuestas por FPV. 78 personas permaneces privados de libertad a raíz de las manifestaciones, entre ellas dos Alcaldes electos con la votación más alta en todo el país, estudiantes, profesionales, amas de casa, activistas de DDHH. Uno de ellos, el líder y Coordinador Nacional del partido democrático Voluntad Popular, Leopoldo López, permanece tras las rejas por sus ideas y discursos, a pesar de la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que pidió hace unos días su inmediata excarcelación. Fue su esposa, Lilian Tintori, quien se reunió en Madrid con el Presidente Español y expuso no sólo la arbitraria detención de López y como durante su reclusión le han violado sistemáticamente sus DDHH, sino que dio referencia de la terrible situación que viven quienes se encuentran encarcelados a raíz de las protestas, de la persecución y amedrentamiento contra la oposición democrática venezolana y de la precaria situación de los Derechos Humanos en nuestro país.
No se pueden ocultar realidades. Seguir sordo, ciego y mudo ante lo que sucede en Venezuela es hacerse cómplice de las arbitrariedades y violaciones de los DDHH. El único culpable de la desestabilización y el caos político-social y económico que se vive actualmente en Venezuela es el propio gobierno venezolano. El presidente de España, Mariano Rajoy, sólo dijo lo que había que decir.