La violencia contra las mujeres y niñas “es generalizada y está en aumento” en Venezuela, según un informe del Comité de la ONU sobre discriminación contra las mujeres emitido hoy en Ginebra.
Venezuela participó con otros países en la última sesión periódica del Comité para presentar los avances conseguidos en esa materia, en aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de 1981. Reseña EFE.
El informe del Comité sobre Venezuela -elaborado en base al análisis de la información recibida de diversas fuentes, incluido el propio Estado- incorpora sus observaciones finales, así como la lista de sus principales preocupaciones y recomendaciones.
Sobre la violencia de género, los expertos del Comité apuntaron la inquietud que provoca “la falta de información en relación con las formas, prevalencia y causa de la violencia contra las mujeres”, así como la “insuficiencia de lugares de acogida para las víctimas”.
Sólo existen seis lugares de ese tipo, a pesar de que la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) establece que debe haber uno en cada estado del país, agregaron.
En este ámbito, el órgano de la ONU recomendó a Venezuela la creación de un sistema regular de recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, con información sobre sus formas y la relación de las víctimas con el responsable, el número de denuncias, de procesos abiertos, de condenas, así como las reparaciones ofrecidas.
Asimismo, se propone al Estado venezolano el establecimiento de “cortes especializadas en violencia contra las mujeres en todos los estados, incluidas las áreas rurales y zonas fronterizas”, así como la apertura de centros de acogida en todo el territorio nacional.
Por otra parte, el Comité señaló que le preocupa “la prevalencia del tráfico de mujeres y niñas, en particular en las zonas de frontera”, como también las denuncias recibidas sobre explotación sexual en áreas turísticas.
Frente a ello, se sugiere a Venezuela realizar un estudio para investigar la extensión y causas de los crímenes de tráfico y prostitución forzada.
Se le pide, además, “adoptar medidas frente a la explotación de mujeres y niñas en la prostitución, incluido a través de internet y medios de comunicación, proveer asistencia y rehabilitación a las víctimas, así como alternativas económicos” mientras se recuperan y pueden tomar decisiones sobre el curso de sus vidas.
Otro aspecto que provocó la “profunda preocupación” del Comité fue el relacionado a la “alta tasa de mortalidad materna, a pesar de las medidas tomadas para reducirla”, así como de “embarazos de adolescentes”, que agudizan el primer problema.
Asimismo, el informe se refiere a “servicios de salud inadecuados”, en particular en relación a la salud reproductiva y sexual, el tratamiento del cáncer, así como contracepción, incluida la de emergencia, “que no siempre están disponibles o son accesibles”.
Según los miembros del Comité (23 expertos independientes en la materia procedentes de todo el mundo), la legislación “restrictiva” sobre el aborto en Venezuela fuerza a las mujeres a recurrir a los abortos inseguros.
En esa línea, se pide a las autoridades despenalizar el aborto en casos de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre o del feto.