Según la enciclopedia virtual Wikipedia, el término “Populismo” se usa para designar a la corriente ideológica que sostiene la reivindicación del rol del Estado como defensor de los intereses de la generalidad de una población a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social, con el fin de lograr la justicia social y el estado general de bienestar.
El populismo con una significación peyorativa, que es la principalmente usada, es el uso de “medidas de gobierno populares”, destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho a voto, aún a costa de tomar decisiones contrarias al estado democrático, y al interés del País. Sin embargo, su objetivo primordial no es transformar profundamente las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas, sino el preservar el ejercicio del poder a cualquier costo, e intentar mantener la hegemonía política a través de la popularidad entre las masas.
Entendido según esta definición “Populismo” es lo que ha abundado en Venezuela durante los últimos 15 años regidos por la “Revolución Bolivariana”. E
n ese afán de mantenerse en el poder, el Ejecutivo Nacional ha desatado un festín de intervención de industrias, expropiaciones, estatizaciones, ha asumido la compra, venta y distribución de materiales de construcción, de alimentos, de partes automotrices, de vehículos, electrodomésticos, control de divisas, etc., creando un Estado inmenso, costosísimo, inoperante e ineficiente. Pero con un férreo control, para hacer dependiente al pueblo de su poder.
En diciembre del año pasado, al calor del combate contra una supuesta “guerra económica” el Ejecutivo Nacional, señaló a empresarios e industriales de vender con sobreprecios y ordenó dejar los anaqueles vacíos. Prometía que estaba garantizada la reposición de inventarios y que las empresas continuarían con los dueños o “sin ellos”, tal y como sentenció el jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, el 17 de noviembre. Sin embargo el “Dakazo” como fue denominada aquella “operación contra la especulación” lo que dejó fue un rosario de tiendas sin mercancía, cerradas y trabajadores en la calle.
“La revolución” en quince años se ha llevado por delante una buena parte del sector productivo privado del país, expropiando fincas en plena actividad, comercios e industrias; sector éste que tradicionalmente ha sido y es fuente de empleo, producción, progreso y bienestar a la gran familia venezolana.
En octubre del 2010 fue expropiada la empresa Agroisleña para ser sustituida por Agropatria. Agroisleña fue hasta el 2010 una empresa proveedora y financista de las herramientas para la producción agroalimentaria del país desde la década de los años 70. El resultado de esta expropiación ha sido el brutal desabastecimiento de insumos para la siembra, la consolidación del mercado negro de fertilizantes, el encarecimiento de los costos de producción para los agricultores, el ingreso de contrabando de Colombia sin ningún control ni regulación, la disminución de la oferta de asistencia técnica al productor y un importante incremento en el uso no racional y poco eficiente de los insumos agrícolas al punto de que en cuatro años la caída de la producción agrícola está por encima del 30%.
En el año 2008, el gobierno expropió la filial de la cementera mexicana Cemex y adquirió los activos de la francesa Lafarge y la suiza Holcim. Para ese año, Cemex era la responsable del 50% de la producción de cemento en el país y la otra mitad de la producción estaba a cargo de las otras dos empresas citadas. El Gobierno venezolano justificó la intervención de éstas empresas argumentando “que la mayoría de esa producción se exportaba, situación que generaba un déficit y retrasos en la construcción de viviendas en el país”.
Pero la nacionalización dejó sus consecuencias. En el año 2010, Lafarge notificó a las constructoras que se reducirían los despachos debido a que se habían registrado problemas con la calidad del producto. Luego, los trabajadores de la cementera indicaron que la producción de la planta de los Valles del Tuy, se redujo de 3.500 toneladas diarias a sólo 2.000. La escasez de cemento y cabillas ha contribuido a la aparición de revendedores que procuran colocar el producto en el mercado a precios que en algunos casos duplica su valor, producto de las equivocadas decisiones populistas del gobierno nacional. Sometiendo a los venezolanos al racionamiento y elevados costos del indispensable material de construcción.
Estos son solo tres ejemplos, de lo que ha ocurrido con empresas privadas ,esto sin pasearnos por los conflictos laborales en SIDOR que mantienen la producción en estado penoso o por la situación de crisis que vive CORPOELEC, que mantiene a Venezuela de apagón en apagón, donde la inversión no ha generado soluciones traducidas en calidad del servicio eléctrico.
En estos quince años el populismo implantado desde el gobierno, no ha entregado resultados eficientes a la población, a pesar de la inmensa fortuna que ha ingresado al país. Porque el criterio político prevalece sobre los niveles de gerencia con excelencia.
Si hiciéramos un ejercicio de auditoría, el estado actual de casi la totalidad de las empresas que fueron expropiadas o intervenidas por el gobierno, sin duda que la situación de fracaso es la misma en todas, por cuanto el populismo del gobierno, está arruinando a Venezuela.
Diputado Freddy Paz
Estado Zulia.