La muerte de un bebé de ocho meses, a causa de graves lesiones producto de una violación en un orfanato, continúa consternando este sábado a los bolivianos que exigen justicia y duros castigos para los culpables.
Al menos diez funcionarios vinculados al orfanato estatal, a cargo de la gobernación de La Paz, estaban siendo investigados este sábado por la justicia luego que un informe forense concluyera que “la causa de la muerte es hemorragia interna por penetración”.
Con la justicia boliviana criticada por la lenidad de sus fallos, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, advirtió: “No vamos a tolerar en este tipo de situaciones la retardación de justicia y que los jueces se quieran corromper”.
“Yo creo que tenemos que unir fuerzas, para que se sancione con la máxima pena al autor” del crimen que no está identificado, declaró poco antes la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien calificó el hecho de “aberrante”.
El infante, hijo de padres alcohólicos indigentes, fue acogido en el orfanato estatal en julio pasado junto a su hermana de 3 años, quien ahora está bajo la custodia de autoridades estatales especializadas en la infancia.
Los medios locales recibieron desde el viernes protestas de la población que demandó la aplicación de la pena de muerte para violadores o la castración química, sanciones que no están contempladas en la legislación boliviana.
“Las normas ya están dadas, son 30 años de cárcel sin derecho a indulto, el tema es que los operadores de justicia puedan aplicar la ley con todo su rigor”, aclaró Suxo.
La máxima condena en Bolivia de 30 años de presidio sin derecho a indulto se aplica además a delitos gravísimos o de traición a la patria.
En septiembre de 2013 el caso de violación de una bebé de siete meses, a quien hubo que hacer una reconstrucción anal y vaginal, levantó también pedidos de la población de sanciones más drásticas contra los violadores. AFP