Diversas empresas españolas como Inditex han ceñido sus balances en los últimos meses en Venezuela para cumplir la ley de precios justos aprobada a principios de año por el Gobierno y que les impide, por ejemplo, tener unas ganancias que superen el 30 por ciento de los costes.
La Ley de Precios Justos fue presentada por el Ejecutivo en enero pasado en un intento de controlar la inflación, que supera el 60 por ciento, acabar con la escasez prohibiendo ganancias superiores al 30 por ciento y establecer sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores, entre otras consideraciones.
Esta ley se reforzó a principios de noviembre con la puesta en marcha del “Plan Navidades Felices” por el que el Ejecutivo ordenó a los comercios mantener “precios justos” con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los venezolanos que por estos días reciben un bono navideño conocido como “aguinaldo”.
La vigencia de tres tipos de cambio oficial para el dólar en Venezuela, cuya compraventa monopoliza el Estado, propicia que los precios de los productos en bolívares sean mayores o menores en función de si la empresa importadora ha recibido la moneda estadounidense a la tasa preferencial de 6,3 o a las flotantes de 12 ó 50 bolívares.
Además, existe un mercado paralelo en el que el dólar se vende por encima de 100 bolívares desde hace semanas, cambio al que muchos comerciantes, reciban dólares o no, fijan el precio de sus productos de manera especulativa lo que fomenta la subida de precios.
Durante un acto a finales de octubre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que para llevar adelante este plan navideño se prepararon a 27.000 fiscales que llevarían a cabo revisiones de los precios en los establecimientos en todo el país y que se esperaba que este cuerpo llegase a “150.000 hombres”.
“Para poder estar hasta en el último palmo del territorio nacional garantizando el abastecimiento, los precios justos, la protección de nuestro pueblo”, afirmó entonces Maduro.
La llegada de nuevo material la semana pasada a las tiendas caraqueñas de Inditex -que recibió dólares a 12 bolívares este junio- generó colas de cientos de personas a sus puertas a la espera de su turno para poder comprar prendas a precios muy ventajosos.
Para alargar sus existencias, la empresa decidió entonces establecer una serie de requisitos, como la compra de un máximo de cinco prendas por persona al mes o un número máximo de clientes diarios en cada una de las tiendas.
La situación de escasez en el caso de determinadas marcas de ropa también se vive en algunos productos de aseo personal, detergente o leche que, cuando están disponibles, generan colas que llevan a los comerciantes a limitar las cantidades por persona.
Cinco trimestres consecutivos de caída en las ventas informó la principal asociación de comerciantes del país (Consecomercio) debido a los problemas con la reposición de inventarios de forma oportuna por parte de los empresarios a causa del retraso en la liquidación de divisas para importar.
Maduro ha achacado los malos datos de inflación, que supera el 60 por ciento interanual, así como la escasez a una “guerra económica” liderada por la oposición, empresarios privados y gobiernos extranjeros que buscan sacarle del poder.
Por el contrario, para la oposición estas cifras se deben, entre otras cosas, a la mala política económica.
Además de Inditex, en Venezuela están presentes otras empresas españolas también afectadas por la Ley de Precios Justos en mayor o menor medida, entre ellas la de telecomunicaciones Telefónica o la aseguradora Mapfre.
EFE