Recién reelecta, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff enfrenta un difícil inicio de mandato debido al escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, debido a las astronómicas cifras desviadas.
Yana Marull/ AFP
“Es el mayor caso de corrupción de la historia del país, con consecuencias políticas y económicas todavía imprevisibles”, señala a la AFP Gil Castello Branco, responsable de la ONG Contas Abertas, que vigila el gasto público.
En 2005, el caso conocido como “mensalao” -una contabilidad ilegal de algo más de 50 millones de dólares para pagar sobornos a legisladores aliados del gobierno a cambio de apoyo en el Congreso- hizo tambalear al Ejecutivo y costó la cabeza a jerarcas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
El escándalo recién destapado en Petrobras, la mayor empresa de Brasil, involucraría desvíos de cerca de 4.000 millones de dólares en una década, una cifra que se acerca al presupuesto anual de algunos países.
Según admitieron acusados, empresas constructoras formaron un cartel para rotarse contratos con la estatal, pagaban un sobreprecio a cambio de adjudicarse las obras y ese dinero era destinado a políticos e intermediarios.
El caso, investigado confidencialmente por la policía y la justicia, se ha filtrado a la prensa a cuentagotas.
– Riesgo para la infraestructura –
El escándalo pilla a la presidenta en un momento de transición, cuando todavía no ha nombrado a los principales ministros de su segundo mandato, y en plena parálisis económica, que ya prometía unos próximos cuatro años difíciles para la mayor economía latinoamericana y séptima del mundo.
El crecimiento de Brasil será cercano a cero este año, vaticinan analistas, y a esto se suma una elevada inflación que acumula 6,59% en doce meses.
“Las denuncias impactan negativamente las expectativas sobre la economía de los agentes económicos y empresarios, y pueden afectar las inversiones esperadas en infraestructuras”, ya que las principales empresas del país en esta área han sido cuestionadas, señala a la AFP el analista de la consultora Tendencias, Rafael Cortez.
La renovación de las viejas y saturadas infraestructuras brasileñas (carreteras, puertos, aeropuertos) es la gran prioridad de la agenda económica de la presidenta.
“Si se confirma la implicación de 70 políticos, entre estos, senadores, diputados, gobernadores, con seguridad este caso dificultará la vida política de un gobierno que necesitaba tranquilidad en 2015 para recuperar la economía y la confianza de los empresarios”, destaca Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.
– Shock en el mundo político –
En las primeras filtraciones a la prensa sobre el caso hubo denuncias de implicación de decenas de políticos, que niegan estar involucrados.
“A cada revelación, el mundillo político se estremece”, expresó el columnista Igor Grielow del diario Folha.
Las principales revelaciones parten de las declaraciones a la justicia y a la policía del empresario y presunto mediador del esquema de corrupción, Alberto Youssef, y el exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa, que acordaron colaborar con la justicia con toda la información, a cambio de la reducción de su pena -una modalidad raramente empleada en Brasil, pero “que la justicia en Italia usó para desarticular a la mafia”, explicó el jurista Luiz Flávio Gomes a la radio CBN.
Nada ha sido comprobado hasta la fecha y el caso está bajo secreto de sumario.
En una declaración ante el juez filtrada en Youtube, Costa contó impasiblemente durante más de una hora cómo, según él, las compañías constructoras añadían un 3% de sobreprecio a obras adjudicadas por Petrobras para destinarlo a “agentes políticos”, y detalló que los principales destinatarios de ese dinero eran el gobernante PT y dos aliados, el Partido del Movimiento Democrático y el Partido Progresista.
Hasta ahora, los acusados han sido impedidos de mencionar nombres de políticos implicados, porque la justicia primaria no puede juzgarlos y dependen de otro proceso en la Corte Suprema. Se espera que comiencen a conocerse en 2015.
“La divulgación de esos nombres puede tener un alto costo de desgaste y mantiene en el país el ambiente político confrontado” de las elecciones presidenciales de octubre, las más reñidas de la reciente historia del país, destaca Ribeiro.
La presidenta Dilma Rousseff niega haber tenido conocimiento del esquema de corrupción en Petrobras y defiende que se investigue.
Rousseff llegó al poder en 2011 y demostró firmeza ante la corrupción al despedir del gobierno a varios ministros y otros funcionarios acusados de malversación de dinero público.
Pero su ‘limpieza’ -como fue bautizada- perdió fuerza “al final del primer mandato, porque ella necesitaba de apoyo político para la reelección”, señala Castello Branco. AFP