Tres años después de que ETA anunciara el «cese definitivo de su actividad armada», los Servicios de Inteligencia han constatado que nada indica que vaya a reanudar la «lucha armada», porque sus «aparatos militar y logístico» están «prácticamente desmantelados» y, además, existe la evidencia de que «no tiene intención de reabastecer sus reservas» de armas y explosivos. No obstante, la banda mantiene el arsenal del que ya disponía antes del «cese definitivo de la violencia», porque su entrega a cambio de nada visualizaría de forma aún más evidente su derrota policial y no le quedaría ninguna baza para sacar provecho en una hipotética negociación con el Gobierno. abc.es
Los informes policiales son contundentes al concluir que la «ETA que hemos conocido» ya no cometerá atentados porque, aunque quisiera, no podría hacerlo «por falta de capacidad operativa». Esta ETA agónica, en fase terminal, carece de militantes cualificados para retomar la «lucha armada» tal como se ha entendido hasta este momento. Quienes ahora llevan las riendas de estas siniestras siglas, los «políticos» que siguen operativos, no superan la quincena de individuos. Algunos de los excabecillas de la banda en los «años de plomo» que residen fundamentalmente en países de América han declinado en los últimos años la propuesta de reengancharse para aportar su experiencia a la dirección, conscientes de que han sido derrotados sin paliativos por el Estado y sin conseguir ni una sola de sus reivindicaciones históricas.
Amenaza seria
El mérito de que la banda esté en el peor momento de su siniestra historia, más debilitada que cuando comenzó la presente legislatura, la tienen las Fuerzas de Seguridad y la colaboración de Francia. Con Manuel Valls, primero como ministro del Interior y ahora como jefe del Gobierno, París ha hecho suya la agenda de España en la lucha contra ETA. Se mantiene esa cooperación, que no va a bajar la guardia, hasta que la banda desaparezca definitivamente.
Responsables en la lucha antiterrorista consultados por ABC admiten que la amenaza directa que ETA lanzó al Gobierno de Rajoy en marzo de 2013, después de que fueran expulsados de Noruega los cabecillas que pretendían abrir desde allí una negociación, «fue tomada muy en serio» por los Servicios de Información. Los analistas advirtieron entonces de un cierto riesgo de involución en la decisión de ETA de cese de la violencia. En documentos internos incautados por aquellas fechas, la banda acusaba al Ejecutivo de querer «construir un muro frente a Ayete» (la sede de la falsa conferencia de paz). El Estado de Derecho no cedió y poco a poco el tono de la amenaza se fue rebajando, aunque la banda asesina ha mantenido en toda su intensidad sus acusaciones al Gobierno de cerrar las vías de cualquier negociación.
Así lo reconocía en otro documento interno, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico: «El Estado, bloqueando el raíl de la solución de las consecuencias del conflicto, quiere imposibilitar la estrategia y el proceso total de la izquierda abertzale… El bloqueo busca pudrir las condiciones, convertir la esperanza en desesperación y debilitar la estructura del proceso, para dejar a la solución sin recorrido. La destrucción del foro de diálogo entre los Estados (Francia y España) y la Organización (ETA) es una consecuencia clara de dicha estrategia. Por tanto, se están dedicando a levantar un muro alrededor de las consecuencias del conflicto».
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