Cómo siempre ocurre en las plenarias de la Asamblea Nacional (AN), los debates en torno a los créditos adicionales dan para todo, principalmente para los parlamentarios de la Mesa de la Unidad causen urticaria entre sus colegas del Psuv. En esta oportunidad, la diatriba entre oficialismo y oposición se produjo cuando se consideraba un crédito adicional por 247 millones de bolívares que serán adjudicados a la Corporación de Miranda (Corpomiranda) que está en manos del ministro para las Comunas, Elías Jaua.
Janet Yucra M.
El diputado por la MUD, Ángel Medina, tomó la palabra para criticar la “constante asignación de recursos mil millonarios para Corpoconsolación” (sic), en referencia a la versión según la cual a Elías Jaua le dieron este organismo cómo “premio de consolación”, por haber perdido las elecciones para la Gobernación de Miranda. Medina criticó que no se haya “investigado al ministro de las niñeras armadas”, pues se refería a la “nana” de Jaua, detenida en Brasil, por porte ilegal de armas.
La respuesta fue curiosa. Ningún diputado defendió la gestión de Elías Jaua, ni le mencionaron. Tampoco se refirieron al caso de la niñera, quien está siendo enjuiciada. El asunto se lo dejaron a las diputadas, entre ellas Marlene Contreras de Cabello, quien acusó a Medina de violencia de género y de atentar contra el honor de las mujeres. Esto, a propósito del Día Internacional de la No violencia contra la Mujer. “¿Qué tiene que sea una niñera?”, preguntó Contreras y pasó inmediatamente a cuestionar la gestión del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a quien fustigó por supuestamente “malgastar los recursos del Estado”. Luego, otra diputada socialista intervino para referirse a Medina como una “lacra de la sociedad, por ofender a las mujeres”. Pero, de Jaua no dijo “ni pío”. Lo cierto es que en esta plenaria se confirmó la versión según la cual el tema “Jaua, colitas de Pdvsa y niñera armada”, han causado gran molestia en las filas del oficialismo, a tal punto que prefieren bajarle el volumen al asunto que defender la gestión de este ministro.
Ley de Comunicación Popular
Desde hace semanas, el Psuv ha asegurado que en diciembre será sancionada o iniciada la segunda discusión de la Ley de Comunicación del Poder Popular, lo cual ha provocado airadas respuestas por parte de los gremios periodísticos. El diputado Biaggio Pilieri (Unidad), miembro de la comisión de Medios, informó que se “trata de una amenaza, porque la instancia no ha discutido ese punto”. Relató que lo único que se ha hecho es desechar los proyectos que recientemente presentaron Gastón Guisandes y los periodistas José Manuel Dopazo y Luis Domingo Álvarez. “Sobre la Ley de Comunicación Popular no se sabe nada, salvo que sigue en consulta y están recibiendo propuestas”, dijo Pilieri. “Estamos dispuestos a hacer el debate y tenemos serias críticas al proyecto que se aprobó en primera discusión en el 2011”, agregó el parlamentario.
Crisis en sistema penitenciario
El diputado por la Unidad, Eduardo Gómez Sigala, propuso un debate sobre la crisis penitenciaria en el país, a propósito de los hechos registrados en las cárceles de Uribana y El Rodeo II. El punto fue negado por el oficialismo, pero Gómez Sigala denunció que en el presupuesto del 2015, en el caso del ministerio de Asuntos Penitenciarios, se afirma que el año que viene habrá 45 mil privados de libertad. ¿Con que recursos? Si disminuyen los recursos para el ministerio. ¿Con qué instalaciones?”, preguntó.
Parto humanizado
La plenaria aprobó en primera discusión la Ley para la Promoción y Protección del Parto y Nacimiento Humanizado. Se trata de un proyecto presentado ante la AN, por parte de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de restringir la práctica de las cesáreas y la promoción del parto natural. Aunque la Unidad apoyó el proyecto, la parlamentaria Dinorah Figuera (PJ/DC) afirmó que “nunca como en este momento, el Gobierno ha violados tanto los derechos a la salud y bienestar de la mujer y del niño. Las maternidades del país pasan por una crisis muy grave que se ha convertido en un problema de salud pública. Venezuela ocupa el primer lugar en embarazo precoz”, denunció Figuera, quien recibió gritos por parte de sus colegas y le dijeron que no sabía nada de la ley, porque no había asistido a las reuniones y esas de trabajo sobre el documento.
Cabe destacar que el proyecto en cuestión lo distribuyeron a los diputados ayer.