“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial”. Correo del Caroní
Ese artículo, el 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue el despiece de la primera entrega de Secuelas de la impunidad, sección que, inaugurada el domingo 17 de agosto de 2014, apuntó, a partir del relato de los familiares y allegados, también víctimas, a determinar qué perdió el país con estos 16 casos de personas que perdieron la vida de forma violenta.
No fue, aunque parezca obviedad, algo fortuito: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado”. Persona. Protección. Estado. Tres palabras que, en la realidad del estado Bolívar, por no hablar de todo el país, antagonizan.
Persona. Protección. Estado. No fue precisamente eso lo que hubo luego de 520 homicidios en Caroní durante 2005. O en los 605, de 2006. O en los 677, de 2007. O en los 645, de 2008. O en los 631, de 2009. O en los 634, de 2010. O en los 565, de 2011. O en los 585, de 2012. O en los 592, de 2013. O en los 490 asesinatos en lo que va de este año, en la decimoséptima ciudad más peligrosa del mundo.
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