Purgar “la torpeza judicial” que mantiene tras las rejas al empresario y dirigente político yaracuyano, Kamel Salame, es la exigencia que le hace el jurista Robert Alvarado al Tribunal Supremo de Justicia en escrito dirigido a la Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta de la Sala Constitucional, en el marco de la acción de amparo constitucional que obligó la respuesta de la Fiscalía General de la República que produjo un cambio de circunstancias en la causa penal en la cual actúa como defensor del empresario yaracuyano.
“La trascendencia procesal, judicial, ética y social de la eliminación de la presunción temeraria e irresponsable mantenida por el Ministerio Público sobre Salame -sostiene Alvarado-, como lo demuestra el oficio Nº DGCDO-1418-2014, demanda que el sistema de justicia actúe en consecuencia y acuerde su libertad sin dilaciones como lo ha hecho el tribunal de la causa hasta ahora”. En el escrito consignado en la Sala Constitucional del TSJ, el litigante expresa que la respuesta contenida en dicho oficio, “constituye el reconocimiento directo y expreso de una INIQUIDAD contraria a uno de los principios que debe regir todo proceso penal, el cual motivó la derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal, como lo es la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”.
“Entonces, dada la confirmación de que Kamel Salame no está vinculado al tráfico de drogas -asegura el jurista-, lo peor sería la respuesta más inadecuada, dejarlo en el estado de indefensión en que se encuentra desde su arresto”. Por esa razón, el defensor de Kamel Salame, además de reclamar sensatez a la jueza Mary Carmen Amarista Herrera y la liberación de Kamel Salame cuanto antes sin más dilaciones, confirmó en vista a nuestra redacción, que efectivamente continuará “con las acciones judiciales que exige la ruina moral, económica y de salud ocasionada al empresario yaracuyano y a su familia”, “un gravamen irreparable que exige que de ahora en adelante el proceso judicial seguido a Salame esté libre de trabas y artificios, algo común e inmoral en nuestro sistema judicial” -aseguro el abogado Robert Alvarado-.
“Porque la tan argumentada gravedad del delito por el cual se juzga a Salame -prosigue el abogado defensor-, relacionado como estaba erradamente con el tráfico de drogas, pasó a ser un eufemismo procesal que pone de manifiesto un ensañamiento político que condujo a la imposición de una pena anticipada a Kamel Salame”. De allí, que en opinión del jurista, la colectividad se siente expectante ante las próximas acciones de la defensa técnica, junto a defensores de derechos humanos, que incluirían acciones penales y civiles contra los presuntos responsables de lo que han dado en calificar como una “aberración judicial”.