El presidente Barack Obama planea firmar el proyecto de ley aprobado el miércoles por el Congreso, el cual persigue sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que sacudieron al país sudamericano a comienzos de año, reseña Associated Press.
La legislación suspenderá visas y congelará activos en territorio estadounidense pertenecientes a los funcionarios venezolanos a los que el gobierno federal identifique como responsables de violar derechos humanos.
Un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato debido a lo delicado del tema confirmó a AP que el presidente Obama planea firmar la legislación, aunque rehusó precisar una fecha.
Los representantes demócratas Juan Vargas (California) y Debbie Wasserman Schultz (Florida) ejercieron un derecho de palabra para expresar su apoyo al proyecto de ley, que fue aprobado de manera unánime.
Wasserman representa a la población de Weston, hogar de una importante comunidad venezolana.
La aprobación de la cámara baja culminó el trámite legislativo del proyecto de ley, ya que el Senado lo había aprobado por unanimidad el lunes.
La mayoría republicana en la cámara baja insertó la legislación sobre Venezuela en la agenda del miércoles, copada por una amplia variedad de temas pendientes antes de que el Congreso culmine el jueves sus actividades por este año.
De no haberse aprobado el miércoles en la cámara baja, la legislación hubiera tenido que ser procesada nuevamente desde el punto inicial cuando el Congreso instale en enero una nueva sesión legislativa de dos años.
En Caracas, el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó la aprobación del proyecto de ley estadounidense.
“Da tristeza la posición de algunos sectores de la derecha con el tema de las sanciones que dice el gobierno de Estados Unidos imponerle a nuestra patria. Sanciones que rechazamos por arbitrarias, por inmorales y porque no tiene moral para imponer sanciones a nadie en el mundo”, dijo Cabello, uno los aliados más cercanos del ahora fallecido residente Hugo Chávez y fugaz mandatario interino tras el golpe de Estado de 2002, durante su programa “Con el Mazo Dando” que transmite la televisora estatal.
Cabello es considerado uno de los líderes más poderosos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela por los vínculos que mantiene con sectores económicos y la importante ascendencia que tiene en el mundo castrense luego de haber sido oficial del ejército.
El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió la víspera la legislación, a la que calificó como “una locura”, y llamó a Obama a recuperar “el equilibrio con Venezuela”.
La cámara baja estadounidense había aprobado en mayo una versión similar. Su autora, la republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, dijo el miércoles que al aprobar las sanciones con apoyo bipartidista el Congreso envía “un mensaje inequívoco de que no continuaremos tolerando la impunidad en violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.
Uno de los autores de la versión del Senado, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, señaló que “la ausencia de la justicia y la negación de los derechos humanos en Venezuela deben terminar de inmediato, y el Congreso de los Estados Unidos está jugando un papel transcendental para aliviar este mal”.
El otro autor de la legislación en el Senado, el republicano por Florida Marco Rubio, indicó que con estas sanciones “podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela”.
La iniciativa de ley fue adoptada en el Senado por unanimidad apenas 48 horas después de la derrota electoral que sufriera en segunda vuelta la demócrata por Luisiana Mary Landrieu, quien había presentado objeciones en agosto alegando su temor de que las sanciones pudieran provocar despidos en una planta que la petrolera de propiedad venezolana Citgo posee en Luisiana.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
Por LUIS ALONSO LUGO, Asssociated Press