Por estos días hablar de justicia, es como hablar del dólar, no se sabe a ciencia cierta su valor, con tendencia siempre al alza, ni el esfuerzo que requerirá conseguir ambos bajo cualquier circunstancia, cualquiera pudiese pensar que exagero, cosa que no acostumbro hacer, aunque las realidades contradictorias del sistema judicial que he dado a conocer últimamente sugieran lo contrario, como expresión de una degradación más que moral, humana, personalísima en quienes investidos de autoridad judicial, bajo ningún concepto moral, acometen acciones proporcionalmente inversas a la sana administración de justicia. En ese sentido, en esta entrega centraré mi interés en el EFECTO POST FLATOSO observado en operadores de justicia que aun reconociendo, formal y oficialmente, los daños causados en el cumplimiento de sus funciones, son incapaces de accionar un ápice de sus conciencias o voluntades para enmendar entuertos que reflejan aquellos instintos animales atribuidos al hombre por el filósofo Thomas Hoobes.
Resulta igual de escabroso u obsceno, hablar de efecto post flatulento, para referirse a temas procesales penales, que de la ¡GUERRA A CUCHILLO! que libra la sucesora del chavismo, MARÍA GABRIELA, enfrentándose al poder de CILIA FLORES por el Despacho de la vindicta pública, porque en ambas realidades subyace una irritación como la experimentada por estos días por la ciudadana Fiscal General de la República, tornándose más desafiante en sus planteamientos y acciones, pero sin que nada llegue a funcionar de manera eficiente en el despacho a su cargo, salvo que sea para arremeter contra los consabidos objetivos políticos. Dicho esto, y sin temor a lucir indecente, me ocuparé del tremebundo EFECTO POST FLATULENTO observado en quienes ejercen la acción penal o en los llamados a ser imparciales en todo contradictorio, luego de quedar al descubierto los perjuicios, agravios o atropellos que infringen inmisericordemente, luego de lo cual sobreviene una fricción intestinal con ocurrencia en la zona media de las posaderas, inocultable en los rostros de esos operadores de justicia agraviantes al verse confrontados en buena lid con descargos, acciones recursiva, de amparo o revisiones, que pese al poder que ostentan tornan sus rostros en un poema, mejor dicho en una oda a lo que he dado en llamar CULICARDIA PROCESAL PENAL, consistente en el efecto concurrente de la fricción intestinal antes indicada, a punto de tongoneo, con sobresalto cardíaco, inocultable al momento de pretender evadir las consecuencias por la comisión de actos lesivos que se extienden por doquier en nuestro sistema de administración de justicia, ante lo cual el desagradable chikunguya luce como un niño de pecho.
Tal efecto, con denominación indecente, es lo que hemos observado por estos días en los operadores de justicia asignados a la causa penal seguida al empresario y dirigente político yaracuyano, KAMEL SALAME AJAMI, específicamente en quienes se adjudicaron su causa como instrumento de la prolongación excesiva e injustificada de su encarcelamiento y despojo de todos sus bienes, hablamos de la FISCALÍA 61º CON COMPETENCIA PLENA A NIVEL NACIONAL, antes y después de la salida de esta instancia del delincuente JESÚS JOSÉ CAPOTE, VECINO del abogado personal del Gobernador de Yaracuy y SICARIO de ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, ambos perdidos hoy en acción, pero por ahí anda JIMMI GOITÉ BLANCO para recordarnos todos sus desmanes, al igual que ALEJANDRO JOSÉ MÁRQUEZ MEZA, ESAU ALBA MORALES, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ y BELKIS SUSANA PUERTAS MOGOLLÓN, hermana del abogado personal del Gobernador de Yaracuy, JULIO CÉSAR LEÓN HEREDIA, y vecino del fiscal DESTITUIDO del Ministerio Público por “HECHOS DELICTIVOS QUE CUAJARON EN LA CONDUCTA DEL CIUDADANO JESUS JOSÉ CAPOTE” en el caso de las ciudadanas JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA y SOLÁNGEL DEL VALLE ÁLVAREZ RENDÓN, como “quedó asentado en la querella que incoaron en fecha 16/13/10, identificada con la nomenclatura BP01-P-2010-001267 (…) por la comisión de los delitos de 1º) AGAVILLAMIENTO, 2º) FALSA ATESTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO, 3º) FALSEDAD DE ACTO PÚBLICO, 4º) CALUMNIA y 5º) CORRUPCIÓN AGRAVADA”.
Despidiendo a JESÚS JOSÉ CAPOTE, el Ministerio Público reconoció sus errores en el caso de tan respetables damas, en el caso de KAMEL SALAME AJAMI se vieron obligados a reconocerlos oficialmente, no obstante, en ninguno de los dos casos ha sido capaz la vindicta pública de procurar el desagravio del daño irreparable causado, a causa precisamente de la CULICARDIA PROCESAL PENAL, porque develados lo contubernios jurídicos forjados por el DELINCUENTE CAPOTE, en ambos casos, fiscales y jueces, tales como JULIO CÉSAR TORRES, GLORIA FUENMAYOR, LIBIA RÍOS, NELSON GARCÍA MORALES, JAVIER CARDONA MEDINA, ALIDA MORELLA TORCATTI, FRANCISCO COGGIOLA Y MARY CARMEN AMARISTA HERRERA, que se plegaron a sus infaustas acusaciones, emularon al CHAVO DEL OCHO, quien tras lanzar su particular lamento, desaparecía debajo de la tapa de su barril, semejada en nuestro caso por inexpugnables oficinas donde se niegan incluso a recibir actuaciones de la defensa, como expresión de la negativa a asumir responsabilidades, y menos de favorecer al reo en desgracia con medidas menos gravosas, por no decir con su libertad plena , que es lo que les corresponde en justo derecho, al contrario, se aferran, como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la remota esperanza del repunte del West Texas, a una dinámica judicial de la cual hacen alarde, inspirada en métodos estalinistas tanto en su concepción como en su materialización, contraria al Estado de Derecho y Justicia que debería imperar en Venezuela.