Culminamos el año 2014 e iniciamos el 2015 con la dura realidad de un régimen infame de espaldas a los intereses superiores del país y que con su errático y corrupto proceder ha creado un caos socio-económico sin par y apela a la represión, encarcelando, inhabilitando y persiguiendo a disidentes.
Coinciden los sondeos en señalar que el régimen tiene en su contra el 80 por ciento de la opinión pública, pero en vez de asimilar este dato duro que brota de la realidad, la niega, se ciega y tapa los oídos y pertinazmente ayuno de sindéresis huye hacia adelante. Ante la crisis monumental generada por la destrucción inaudita de las instituciones democráticas, desaprovecha la ocasión constitucional de la renovación de los poderes públicos para dirimirla; sabemos que es sólo mediante el libre ejercicio de la soberanía popular que las sociedades superan sus dificultades.
El régimen viola la Constitución al desatender una vez más los procedimientos de rigor, dando lugar a un Poder Ciudadano completamente deslegitimado, anulando su independencia y autonomía. Actúa arbitrariamente y lo impone fuera del marco del Estado de Derecho, por mayoría simple en el seno de la Asamblea Nacional, sin contar con las dos terceras partes de los votos de los diputados. El mismo libreto para designar a los magistrados del TSJ.
Rechazamos la ratificación de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, máxima responsable de la violación de los derechos humanos, y de Tibisay Lucena y Sandra Oblitas como rectoras del CNE, protagonistas principales de los últimos fraudes electorales.
La función constitucional de la Asamblea es promover el diálogo entre distintos partidos para alcanzar una decisión plural sobre la integración de los poderes.
La Sala Constitucional designó directamente a los Rectores del CNE, violando la separación de los poderes, pues conforme a la Constitución, al declararse la omisión, la Sala sólo podía ordenar a la Asamblea cumplir con la designación fijando un lapso y los lineamientos para ello. La Constitución impide que la Sala Constitucional sustituya a la Asamblea Nacional. La Sala designó a los tres Rectores sin acotar el carácter provisional de esa designación.
La exigencia de mayorías calificadas para nombrar a ciertos funcionarios, tiene el claro propósito de forzar al acuerdo de voluntades entre los distintos partidos políticos, evitando que un solo partido asuma todas las decisiones. Sin Estado de Derecho no hay democracia.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
@JulioCArreaza