La fiscal argentina que investiga la misteriosa muerte de su colega Alberto Nisman imputó a un colaborador del fallecido funcionario por haberle dado el arma que acabó con su vida, en un caso que ha conmocionado a la sociedad y sacudido a la clase política del país.
Nisman estaba a cargo de la fiscalía especial que investiga el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, y días antes de su fallecimiento había acusado a la presidenta Cristina Fernández de un complot para encubrir a los iraníes acusados del estallido que dejó 85 muertos en Buenos Aires.
El fiscal fue hallado el domingo 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la sien y un arma a su lado, justo horas antes de una reunión agendada con diputados para presentar detalles de su denuncia, que también involucra al canciller argentino, dos dirigentes políticos y un legislador.
Su colaborador Diego Lagomarsino declaró ante la justicia que le prestó el arma porque el propio Nisman se la había pedido supuestamente para protegerse.
“(Lagomarsino) se encuentra imputado por facilitar el arma Bersa calibre 22 hallada en el departamento de Alberto Nisman”, dijo en un comunicado de Viviana Fein, la fiscal del caso.
“La fiscal está evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación”, añadió la nota de Fein.
DUDAS CRUZADAS
El trágico final de Nisman es investigado bajo el rótulo de “muerte dudosa” y las autoridades han dicho que no se descarta ninguna de las tres hipótesis: suicidio, suicidio instigado o asesinato.
La fiscal Fein informó el fin de semana que la autopsia determinó que el arma fue disparada a una distancia inferior a un centímetro de la sien, lo que apoya la teoría del suicidio.
“Fue prácticamente apoyando el arma sobre el parietal derecho”, dijo Fein al canal de noticias TN.
Pero todavía hay muchas dudas.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ya ha comenzado a investigar a los oficiales de policía asignados para proteger a Nisman. El fiscal tenía una custodia personal compuesta por diez agentes de la policía federal.
“He pedido (…) un sumario administrativo para ver cómo se actuó, de qué manera se actuó y si la custodia actuó correctamente”, dijo al final de la semana pasada Berni, a una radio local. “Quiero saber hora por hora cómo fueron los acontecimientos”.
De acuerdo con medios locales, los dos agentes de seguridad que debían encontrarse con Nisman en la mañana del domingo de su muerte -y que ya declararon ante la fiscal Fein- dieron versiones contradictorias respecto de a qué hora subieron al departamento del fiscal ese día a tocarle el timbre.
Mientras tanto, Fein dijo el lunes que comenzó un “análisis profundo” sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Nisman, después de detectar “falencias” en los registros escritos de ingresos y egresos del lujoso complejo ubicado en el barrio de Puerto Madero.
El Gobierno sospecha que la muerte de Nisman pudo haber sido instigada por agentes de inteligencia desplazados recientemente.
La denuncia de Nisman -unas 300 páginas que se conocieron la semana pasada- fue considerada débil por el Gobierno y algunos expertos, que argumentan que los servicios de inteligencia que colaboraban con el fiscal pudieron brindarle información falsa.
Nisman creía que hubo un fallido plan secreto entre Buenos Aires y Teherán para “desincriminar” a varios iraníes -sobre los que pesan alertas rojas de Interpol- a fin de restablecer los lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.
HUYE PERIODISTA
El primero en alertar sobre un episodio en el departamento de Nisman fue el periodista Damian Pachter, que trabaja para el diario Buenos Aires Herald, a través de su cuenta de Twitter.
Pachter salió del país afirmando temer por su seguridad. El domingo aterrizó en la ciudad israelí de Tel Aviv, mostraron imágenes de Reuters.
“Me voy porque mi vida corre peligro. Mis teléfonos están pinchadísimos (muy intervenidos)”, había dicho el sábado al sitio web del diario Infobae (www.infobae.com).
El periodista argentino escribió una nota en primera persona que fue publicada el lunes por el diario israelí Haaretz en la que afirmó que se sentía observado.
Los datos de su vuelo con la estatal Aerolíneas Argentinas a Montevideo -donde Pachter conectó con un avión de otra firma- y hasta el monto que pagó por su ticket fueron divulgados por la agencia de noticias oficial el sábado, y luego reproducidos por el Gobierno.
“En la Argentina hay plena seguridad para todos los periodistas para que puedan desempeñar sus funciones”, dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa, intentando calmar las aguas.
“No existe ningún tipo de impedimento para que ningún periodista pueda expresar lo que piensa”, sostuvo el funcionario, que justificó la difusión de la información sobre el viaje de Pachter por ser “un hecho de repercusión pública”. Reuters